Nuñéz manifestó que «fue una compra mala, desconociendo incluso las advertencias del informe jurídico de la Fuerza Aérea Uruguaya en un contexto de una profunda situación de crisis económica en nuestro país, de recorte del presupuesto de Defensa Nacional».
“Obviamente surgen las dudas en torno a que, estudiando los expedientes que solicité al Tribunal de Cuentas de la República (TCR), se confirma que Uruguay compra los aviones sin la garantía del Estado español. Y esto fue advertido por la Jurídica de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, el gobierno decidió avanzar en las compras sabiendo que eran dos aviones de la década del 70, que no tenían garantías, y para ver sus estados basta repasar el episodio de la llegada de estos aviones”, expresó.
Puso énfasis en que los Pedidos de Informes realizados fueron contestados fuera de todos los plazos lo que dificultó el estudio del tema, e incluso se había aportado alguna información falsa, ya que en su momento se dijo que había cuatro ofertantes cuando siempre existieron dos.
La interpelación pretende también conocer la falta de mantenimiento de los radares que están ocasionando graves problemas de seguridad a la aviación civil en particular el radar Selex de Carrasco , y como forma eficaz de combate al narcotráfico.
