El pasado 13 de febrero Presidencia emitió un decreto firmado por Raúl Sendic como presidente del ejercicio, según el cual se establece como falta grave la filtración de documentos oficiales por parte de funcionarios públicos. Incurrir en estas prácticas conllevará la destitución del funcionario. Según informó el semanario Búsqueda en base a testimonios de fuentes gubernamentales, el decreto pretende responder a varios casos en los que sumarios, informes jurídicos y proyectos de resolución o dictámenes entre otros, son conocidos por terceros ajenos al gobierno antes de que el jerarca correspondiente haya tomado una resolución al respecto. Así, el texto señala que entre las funciones de los funcionarios están “no solo la preservación de los intereses de la Administración sino conducirse con la debida discreción respecto a los datos, hechos y documentos de los que toma conocimiento”. Por tanto concluye que “el funcionario que haga públicos, divulgue o dé a conocer a terceros los documentos referidos en el presente artículo, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirá en falta muy grave, pasible de destitución”.
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