El caso Cardama está lejos de cerrarse ya que en los próximos días se escribirán nuevos capítulos. Mientras el oficialismo defiende la rescisión del contrato con el astillero español para la construcción de dos patrulleras oceánicas por irregularidades, la oposición se defiende y contraataca.
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La ministra de Defensa Sandra Lazo será denunciada penalmente por la oposición por el caso Cardama.
Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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Este lunes al mediodía los legisladores de la Coalición Republicana que integraron la comisión que investigó el caso Cardama, que ya terminó su trabajo, realizarán una conferencia de prensa para informar sobre las conclusiones a las que llegaron y las acciones que tomarán más allá del Parlamento.
Finalmente, como se venía barajando, los legisladores de la coalición decidieron hacer una denuncia penal, y eso es parte de lo que anunciarán, contra Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. En el informe final que la coalición redactó en el marco de la comisión, a ambos funcionarios se los cataloga como “comisarios políticos”, porque “desempeñaron funciones en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional”, presentándose públicamente como “asesores” y “adscriptos” de Lazo, “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”. El diputado nacionalista Gabriel Gianoli, integrante de la comisión, confirmó que la denuncia la harán tanto contra Rojas y Marsigllia como contra Lazo.
Gianoli adelantó que la denuncia será “por todas las acciones que quedaron comprobadas, de personas [Marsiglia y Rojas] que no estaban legitimadas para realizar acciones en el Ministerio de Defensa”, en el marco del caso Cardama, desde que inició el gobierno del Frente Amplio, en marzo de 2025, y que “recién fueron legitimadas” en sus cargos –por una resolución– en junio de 2025.
“O sea, dos operadores políticos que firmaron expedientes, sacaron conclusiones e hicieron careos y pesquisas; todas cosas que a nuestro entender son irregularidades graves, avalados por la ministra”, señaló. Consultado sobre qué delito se les puede tipificar, el diputado nacionalista dijo que eso lo hará la Justicia, porque los legisladores no están para tipificar, “pero que se analice todo”.
Por último, Gianoli señaló que por ahora la denuncia será impulsada solo por legisladores de la coalición, es decir, de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, pero este lunes conversarán con integrantes de otras filas de la oposición para ver si pueden “avanzar con algún otro”.
Lazo defendió a sus colaboradores
Por su parte, el senador del Frente Amplio Nicolás Viera, quien también integró la comisión, dijo a la diaria que “cada uno puede hacer la denuncia que le parezca”, ya que para denunciar “no hay que tener razón, sino ganas nomás”. “Nosotros entendemos que las explicaciones dadas por la ministra Lazo en la comisión son sumamente claras y alcanzan para dar respuesta a las dudas que los legisladores de la oposición plantearon sobre estos dos funcionarios”, finalizó.
El 3 de agosto, cuando asistió a la comisión, Lazo dijo que la información brindada sobre este tema durante el período de transición con el gobierno de Luis Lacalle Pou “fue muy general y no se recibieron informes jurídicos, económico-financieros y técnicos sobre el contrato de parte de las autoridades salientes”, y “tampoco se recibió información sobre el proceso de aceptación y características del contrato, en particular, de las garantías”.
Señaló que toda esa dificultad al inicio de la gestión determinó que, “a efectos de tener pleno conocimiento del real estado de situación del contrato, haya tenido que requerir al personal de confianza que integra el equipo de gestión ministerial“ para que “realizara una compilación de toda la información dispersa”.
“A esos efectos, se conformó un grupo de colaboradores integrado por los señores Damián Rojas, Daniel Marsiglia y el doctor Alfredo Maeso. Esa tarea encomendada al equipo de confianza de la ministra no constituyó, en ningún momento ni bajo concepto alguno, ningún tipo de investigación administrativa ni tampoco perseguía fines de carácter disciplinario, sino que se trató meramente de poder tener mejor conocimiento de la situación desde el punto de vista administrativo, jurídico, económico-financiero y también técnico, y a partir de ello adoptar las decisiones que pudieran corresponder”, apuntó la ministra.