Sin embargo, para llevarse a cabo estas medidas, deben ser refrendadas por los gobiernos de las ciudades o regiones, que son los que tienen competencia en materia de vivienda. Algunos de estos gobiernos, como la alcaldía de Barcelona y el Ejecutivo de Cataluña, reclamaban una norma de este tipo.
Los «grandes propietarios», motivo de discusión
Si la ley prospera, las comunidades autónomas que decidan aplicarla, podrán bajar por ley los precios de alquileres de “grandes propietarios” de viviendas. La definición de “grandes propietarios” fue uno de los puntos más discutidos por el PSOE y Unidas Podemos, que finalmente hicieron acuerdo sobre considerar como “gran propietario” a quien sea dueño de diez o más viviendas.
Uno de los obstáculos para llegar a un acuerdo sobre este punto, era que el PSOE se oponía a regular el precio de los alquileres, en el caso de que el propietario fuera una persona. La negociación se destrabó con la inclusión de beneficios fiscales a las personas físicas que accedan a bajar los precios de alquiler de sus propiedades, de lo contrario estos podrán ser congelados.
En el caso de que esos “grandes propietarios” sean empresas o fondos de inversión, sí se bajará el precio, tal como pedía Unidas Podemos, y se ajustará a un índice elaborado de acuerdo a la zona en la que se encuentre la vivienda, según informaron los diarios españoles Público y El País.
La posibilidad de ajustar a la baja el precio de alquileres, será aplicado en lugares donde exista un “mercado tensionado”, es decir, donde los alquileres hayan aumentado considerablemente de precio en poco tiempo.
Otro escollo en el camino
Tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de ley deberá superar otro escollo en su camino a la aprobación: conseguir más apoyos entre los partidos minoritarios de izquierda. Entre los partidos con representación parlamentaria que podrían prestar su voto están Esquerra Republicana de Catalunya, Más País, Compromís y Bildu, del país vasco.
El acceso a la vivienda es una de las problemáticas en ascenso en España. De acuerdo a información divulgada por Efe, en el segundo trimestre de 2021 las ejecuciones hipotecarias y los embargos de viviendas se incrementaron un 253,2%, en comparación con el mismo período de 2020.