Con respecto al pedido de que se negocien únicamente preferencias arancelarias para algunos bienes, agrega AU asegura que si bien hay escenarios que en lo teórico podrían parecer «deseables», en una instancia realista «no están a disposición de Uruguay, ni de ningún otro país».
«En el mundo, las negociaciones implican alcanzar compromisos regulatorios que refieren a un conjunto amplio de vínculos, en el que se pueden excluir sectores considerados clave por alguna de las partes, y con posiciones ambiciosas en aquellos con gran potencial para los intercambios económicos», señala.
Según el estudio de impacto, el mercado chileno resulta «sumamente interesante» para los servicios profesionales uruguayos, para los audiovisuales y de Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Por tanto, se accede a un mercado de 17 millones de habitantes y se gana en sectores que demandan mano de obra calificada y no calificada y pagan sueldos superiores al salario promedio.
Asegura el informe que el acuerdo con Chile no supone «ningún costo» ni compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo «en ninguna área o materia considerada estratégica».