Según señaló el titular de Economía, la iniciativa busca atacar algunos de los principales obstáculos que afectan la competitividad del país, reduciendo la burocracia, simplificando procedimientos y disminuyendo costos operativos que terminan impactando en los precios de bienes y servicios.
Menos burocracia y mayor eficiencia
El primer capítulo de la ley está enfocado en la simplificación administrativa, con el objetivo de ahorrar tiempo y recursos tanto para ciudadanos como para empresas.
Entre las principales medidas se destaca la creación de registros unificados, que permitirá centralizar información y evitar duplicación de trámites. También se establecen plazos máximos para la respuesta de organismos públicos y la aplicación del denominado “silencio positivo”, mecanismo por el cual determinadas solicitudes se considerarán aprobadas cuando la administración no responda dentro del plazo establecido.
Otra de las novedades es la implementación de una plataforma de información positiva, destinada a reconocer el buen historial de pago de personas y empresas al momento de acceder a créditos o garantías financieras.
En materia de comercio exterior, el proyecto incorpora el autodespacho aduanero, una medida desarrollada en coordinación con la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay para agilizar operaciones y reducir costos.
Además, se promueve la utilización de documentos notariales electrónicos, incluyendo libros societarios y estados contables, profundizando la digitalización de los procesos empresariales.
Cambios en registros sanitarios
La iniciativa también introduce modificaciones en los procedimientos vinculados a los registros sanitarios, con una ampliación de su vigencia de cinco a diez años. Asimismo, las renovaciones podrán realizarse mediante declaraciones juradas y se eliminará la obligatoriedad de traducir documentación al inglés o portugués, una medida que apunta a reducir costos administrativos para las empresas.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de realizar trámites paralelos para habilitaciones, ya que actualmente muchos procedimientos deben gestionarse de manera secuencial. Con la nueva normativa, distintos permisos podrán tramitarse simultáneamente, acortando significativamente los tiempos de espera.
Competitividad e inversión
Además del capítulo dedicado a la simplificación de trámites, el proyecto contempla medidas orientadas a la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y la reducción del costo de vida, así como herramientas para estimular la innovación y acelerar las inversiones.
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que el conjunto de medidas contribuirá a mejorar la competitividad de la economía uruguaya, fomentar la creación de empleo y generar condiciones más favorables para el desarrollo de la actividad productiva.
El proyecto comenzará ahora su discusión parlamentaria, donde el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar en una de las iniciativas económicas consideradas centrales para el actual período de gestión.
