Para continuar, hacete socio de {}. Si ya formas parte de la comunidad, .
{# Opciones de Suscripción #} {# DESCOMENTAR AL IMPLEMENTAR: #} {# {% for n, m in this.getPaywallPlans('thinkindot', 'plans') %} {% if (m.tab == "all" or m.tab == "mensual") %} #}{{m.shortDescription}}
Jueces y fiscales rechazaron el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto (CA) que busca sancionarlos penalmente por malas prácticas, a través de la regulación del delito de prevaricato.
El proyecto, que el pasado miércoles ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, prevé penas de penitenciaría para los fiscales que intencionalmente “persigan penalmente a un no culpable”, oculten pruebas a alguna de las partes o no cumplan con la obligación de investigar. También plantea penas para los jueces que “a sabiendas dictaran resolución injusta”.
Además, el proyecto plantea que se extienda a los fiscales la obligación dispuesta en el numeral 8 del artículo 77 de la Constitución de “abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, algo que ya estaba previsto en el literal J del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación (19.483).
Al rechazo de jueces y fiscales, en las últimas horas se sumó el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, quien consideró el proyecto como “impresentable” .
En el texto del proyecto, que fue elevado por Cabildo Abierto a la Cámara de Senadores y se titula: “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, se detalla: “el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable, o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría, multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de tres a siete años ”.
Gómez dijo a el diario El País que “miro con atención el proyecto de ley presentado que criminaliza la actividad de los fiscales”.
“Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, agregó Gómez, y detalló que lo que mueve a este planteo es un “movimiento” en contra de los operadores judiciales. Y continuó: “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”.