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Cualquier observador lo percibe. A Lacalle le entró el chucho y camina al borde de la Constitución y la ley. Los abusos de la Policía se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para el presidente y ya no quedan dudas de que al gobierno, en el tema de la seguridad, se le pinchó el globo.
A 15 días del plebiscito, los excesos que su ministro no puede frenar son el talón de Aquiles de la ley madre del gobierno, y de no ser por la complicidad de los medios de comunicación, a esta altura bien podría ser un auténtico escándalo nacional.
Que el director nacional de la Policía, Diego Fernández, haya tenido que pedir a los jefes de la fuerza de todos los departamentos del país que «paren un poco la mano hasta el 27 de marzo» para evitar las situaciones de abuso policial que se multiplicaron en los últimos días demuestra la gravedad del asunto.
La cruda revelación del jerarca no solo admite que hay excesos y atropellos de las fuerzas de seguridad, sino que deja claro que estos se pueden frenar o acelerar a voluntad, por razones políticas.
¿Qué pasaría si no estuviéramos a dos semanas de una nueva elección? ¿Se hubiesen seguido tolerando los abusos solo para respaldar a la Policía y ganarse su apoyo, como sucedió hasta ahora? ¿O será que la situación se les está yendo de las manos y ya no la pueden frenar? La ineptitud del ministro del Interior no puede ser una excusa ni se puede seguir ordeñando el prestigio de Larrañaga porque Larrañaga, lamentablemente, ya murió.
Cualquier de las opciones es igualmente alarmante. Es sabido en círculos políticos que la seguidilla de denuncias de los últimos días acabó con la paciencia que Lacalle Pou le tiene a Luis Alberto Heber y lo conminó a que pare esto «como sea», antes de que termine afectando la campaña por el No.
Lacalle teme que el tan obstinado mensaje de respaldar a la Policía acabe convirtiéndose en un boomerang para su propio gobierno.
La orden llegó clara y fuerte y este mismo viernes el ministro se reunirá con los jefes y directores departamentales en Canelones para anunciarles que no tolerará ni un caso más que pueda afectar la imagen del gobierno antes del plebiscito.
La noticia no la estamos inventando nosotros, se filtró esta semana de la propia interna del gobierno y fue dada a conocer por varios medios, sin que nadie haya salido a desmentirla.
-Escuchá Luis- le dijo al presidente uno de sus más cercanos colaboradores-, esto de que violen a una muchacha adentro de un patrullero no lo arreglamos con nada. -Semejante atropello le cuesta el cargo a cualquier ministro.
La cantidad de casos que saltaron en los últimos días puso en alerta al Ejecutivo y expuso al ministro, que en cada conferencia de prensa tiene que salir a explicar las graves denuncias por abuso físico o sexual contra policías.
En realidad, Heber la sacó muy barata, porque la autocensura de cierta prensa, más preocupada por cuidar la imagen de Lacalle Pou que por decir la verdad, permitió que los hechos pasaran casi inadvertidos por la opinión pública.
Que tres policías hayan sido denunciados por violación de dos mujeres en un móvil policial y que la Justicia haya encontrado elementos para disponer 180 días de prisión preventiva a los imputados, desnuda una situación alarmante que, en otra época, hubiese generado horas de escándalo en las pantallas de los noticieros de televisión y los programas de la tarde.
Es verdad que no se puede meter a todos en una misma bolsa, pero tampoco barrer bajo la alfombra y permitir que unos cuantos malos policías terminen afectando la imagen de la institución encargada de velar por el orden público.
Y este no fue el único caso, hubo varios más. Esta semana se denunció a cinco policías de la Guardia Republicana por abuso sexual. Los acusados son cuatro hombres y una mujer y, según trascendió, la víctima sería la hija de un comisario.
Hace pocos días, una denuncia por violación múltiple, ocurrida en Cordón, generó un profundo estrépito social, y no se hablaba de otra cosa en el país, a tal punto que el propio presidente de la República salió a repudiar el hecho. Sin embargo, estas dos denuncias contra policías en servicio pasaron sin pena ni gloria y no hubo ningún repudio oficial.
Adivinen: ¿será porque ocurrieron en barrios considerados marginales? ¿O porque afectan la imagen del gobierno pocos días antes del plebiscito contra la LUC?
¿O será acaso que los abusos son siempre contra los más pobres, que no tienen la oportunidad de protestar, reclamar ni defenderse a partir de una ley que mete preso al primero que mire mal a un uniformado?
Es lo que les sucedió a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta y, por protestar por una multa que consideraban injusta, fueron apaleados, agraviados e insultados de la peor manera por dos policías a plena luz del día.
Si alguien no hubiese filmado ese momento con su celular, y el video de un minuto y medio no hubiese sido visto por miles de personas, nadie se hubiese enterado, y todo pasaba como un procedimiento policial más. Por suerte, los videos son más justos con los pobres y acaban mostrando lo que otros ocultan.
El colmo fue el domingo pasado en que dos policías y un patrullero retiraron a una anciana de 83 años de la calle Agraciada porque mostraba una bandera rosada a una caravana de 500 caballos y 100 autos que apoyaban la opción del No en el referéndum.
No se trata de que paguen buenos por malos, porque es obvio que son más los policías que honran su uniforme. Pero los que abusan de su poder y apelan a la violencia sobre los más débiles deben pagar el precio de sus acciones sin importar que tengamos las elecciones a la vuelta de la esquina.
Para eso está la Justicia, para juzgar y dar a cada uno lo suyo, con los ojos vendados para no mirar el barrio del que vienen la víctima y el victimario, ni su clase social, ni su edad o si lleva o no lleva uniforme.
Ni para atender los requerimientos ni las presiones de un Ministro irrespetuoso que se pasa de listo sin reparar que para decir pavadas es mejor callarse.
Por eso es un poder independiente del Estado, porque no puede recibir presiones de otros poderes ni ser fiel a la estrategia política de un gobierno que le pide a la Policía que «pare la mano» hasta que pasen las elecciones.
No es un buen mensaje para una sociedad convencida de que todos somos iguales ante la ley que un ministro del Interior se presente en una ciudad donde se está juzgando a dos policías por abuso de funciones por la muerte de un joven de 20 años y diga que «no entiende la formalización» ordenada por la Justicia, y asegure, como si fuera juez, que la Policía «actuó muy bien» y no hay nada que reprocharle.
Tampoco es bueno que el presidente de la República salga a respaldar los dichos de su ministro porque está avalando una postura que atenta contra la separación de poderes, como bien reclamó la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Y porque una persona murió, y hay una familia esperando que se haga justicia, sin ningún tipo de presión.
Santiago Cor tenía 20 años y era perseguido por la Policía por el fuerte ruido que hacía el caño de escape de su motocicleta.
En su enloquecida fuga, murió al chocar contra un árbol. No era un ladrón, no había matado a nadie, ni era un convicto huyendo de una cárcel. Su único delito fue no obedecer una voz de alto, tal vez por miedo a correr la misma suerte de otros jóvenes que sí se detuvieron.
Hay que parar esto, no podemos tenerle miedo a la Policía ni sospechar que si subimos al patrullero, nos pueden esperar un par de degenerados para violarnos.