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La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) comenzará a realizar tareas de observación en las marchas y protestas en el entendido de que «el derecho a la manifestación social pacífica desempeña un papel central». Así lo expresan en un comunicado que circuló por las redes sociales.
Según informó la institución «cumplirá tareas de observación en el marco de sus competencias y tomando como referencia las Directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales (2016) de Naciones Unidas (1)». Ademas, comunicaron que su presencia «ha sido comunicada a las autoridades competentes y coordinada con integrantes de la organización de la marcha».
A entender de la INDDHH, «la observación de las manifestaciones es importante para obtener un relato imparcial y objetivo de lo sucedido. Es un aporte al disfrute efectivo del derecho de protesta pacífica».
Esta suerte de fiscalización funcionará mediante la presencia de funcionarios/as de la INDDHH que observarán la movilización con el objetivo de «constatar el respeto al ejercicio de los derechos esenciales que convergen en toda manifestación y protesta social, y elaborar un reporte descriptivo que detalle lo acontecido». Para ello, se basarán en una guia de las Naciones Unidas «con el fin de facilitar el proceso de verificación del cumplimiento de obligaciones y estándares internacionales, el monitoreo de las circunstancias que enmarcan las manifestaciones y protestas, así como también la recolección de información, su revisión y eventual e inmediato uso frente a vulneraciones a los derechos humanos».
La INDDHH informó también que esta iniciativa surge debido a una petición publicaque circuló este en marzo de este año a la que adherían miles de firmas pidiendo que la institución comenzara a cumplir este rol.
Las Directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales (2016) de Naciones Unidas fueron elaboradas por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) junto a la INDDHH de Uruguay, la Defensoría de la Nación de Argentina, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Defensoría del Pueblo de Perú. Además de Uruguay, hasta el momento adoptaron estas directrices las defensorías del pueblo de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú; las instituciones de derechos humanos de Uruguay y Chile y el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil.