Me resulta indispensable subrayar que los tres mencionados tienen un lugar de honor en la historia de lucha contra la impunidad. Carezco de conocimientos y proximidad como para sostener o refutar las conclusiones del periodista italiano Benedetto Vecchi del periódico Il manifesto, traducido por el portal Sin permiso, respecto al eventual egocentrismo, autoritarismo y falta de transparencia con las que Assange habría llegado a expulsar a integrantes de WikiLeaks que cuestionaran algunas de sus decisiones, debilitándola, además de errores tácticos en las alianzas o apoyos diversos. Personalmente he sido crítico de la elección de los cinco medios editores a los que entregó primicias, particularmente luego de las revelaciones de Edward Snowden en The Guardian y The Washington Post cuando ya estaba en la embajada. Pero me basta su rol de fundador de esta organización de activismo digital y transparencia para reafirmar mi gratitud, reconocimiento y la consecuente obligación de lucha contra todo cercenamiento de sus derechos como están haciendo ahora los rufianes al mando de los tres países mencionados con complicidad de indiferentes.
Aun respetándose los derechos, no creo que el asilo en una embajada sea equivalente a un asilo político en un territorio nacional, al que hay que añadir que la embajada de Ecuador en el coqueto barrio de Knightsbridge es un “apartamentito” en el que Assange tuvo a su disposición tan solo una habitación y un baño, sin conocer el exterior por casi siete años. Una suerte de cárcel con privilegios que poco a poco le fueron siendo cercenados por el sucesor de Correa, como la conectividad, la telefonía y hasta la asistencia sanitaria. Algo que enloquecería a cualquiera.
Entre los momentos rutilantes de revelaciones de WikiLeaks se encuentran los documentos y videos sobre las guerras invasivas de Afganistán e Irak filtrados por (el entonces soldado Bradley, previo al cambio de sexo) Manning, finalmente detenida en Bagdad para estar tres años sometida a detención clandestina y torturas antes de que un tribunal militar la condenara en 2013 a esos 35 años de prisión. En auxilio de la hipótesis original de la desfavorable correlación de fuerzas, Manning está nuevamente en prisión a pesar de la condonación de Obama porque debió comparecer ante un “gran jurado secreto”. Allí se negó a responder nuevas preguntas sobre su juicio en corte marcial de 2013, “en solidaridad con muchos activistas que enfrentan las dificultades, mantendré mis principios”. Permanecerá hasta que no revea su postura o se “disuelva el gran jurado”.
Lo que las pruebas capturadas y difundidas por estos tres luchadores y por la ONG revelan es, tanto una aberrante omisión de justicia ante crímenes bestiales, espionaje intrusivo sobre países soberanos y las ciudadanías mundiales, cuanto la persecución, tortura, condena y reclusión (cuando les fue posible) de quienes tomaron la iniciativa de informar a la justicia y la sociedad de las violaciones y sus autores. Ya no sólo hablamos de desigualdad ante la ley, sino de una justicia invertida, garante de impunidad por un lado mientras por otro cumple el desdoroso papel de perseguidora de denunciantes de crímenes.
Si la información es un insumo vital para las decisiones ciudadanas, este affaire nos recuerda que las frágiles democracias representativas van hundiéndose lentamente porque están torpemente asentadas sobre el lodo de la impunidad, aunque no todas tengan, como Uruguay, una vergonzosa ley de impunidad vigente.
