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Entrevista a Andrea Venosa, abogada especialista en derechos humanos, directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
Para nosotros es muy preocupante porque veníamos visualizando situaciones incómodas para trabajar en el directorio porque hay dificultades para trabajar entre las propias directoras oficialistas. Hay distintas visiones de qué políticas públicas desarrollar. Es como si tuviéramos tres proyectos distintos en el directorio.
Muchas veces votamos con una directora o con la otra. Tratamos de ver el menor daño posible para los trabajadores, para los adolescentes y para la institución.
Se toman decisiones contra la mayoría del directorio y contra la ley de creación de Inisa.
Llevamos el tema a directorio y la directora del Partido Nacional votó en contra con nosotros. La republicana puede saber mediar entre adultos, estos son adolescentes, el Inisa tiene una especificidad y por tanto la mediación es distinta. Hay funcionarios ya capacitados en Inisa que incluso fueron a capacitarse al exterior.
La presidenta continuó con la decisión y se fue a la republicana a tomar ella misma la capacitación. Es un hecho inaudito. A la sesión siguiente pedimos que se pusiera en conocimiento del Poder Ejecutivo esta situación porque es preocupante.
Nos enteramos por el Twitter de la presidenta. Consultamos funcionarios y nos dijeron que no les agregaron mucho más e incluso hay cosas que no pueden aplicar porque tienen que ver con adultos. Lo advertimos desde el principio.
Esto para nosotros es muy grave porque la presidenta está incumpliendo la ley de creación de Inisa. Hay otras decisiones como implantar el software del Ministerio del Interior en Inisa para hacer un rastreo de los adolescentes y las familias. nos parece un error. Inisa es el custodio de esos datos.
En primer lugar es esta puesta en conocimiento del Ejecutivo, pero también Inisa establece responsabilidad penal de los directores cuando contravienen normativa nacional y leyes.
No lo hemos pensado aún porque estamos en la instancia previa, pero puede ser una posibilidad.
Es intimidatorio que los funcionarios policiales entren al Inisa. En los centros se tiene que trabajar con medidas socioeducativas, la policía no es el funcionariado apto, son los educadores. Hay que cuidar los roles.
Ahí tenemos una diferencia con la presidenta porque ella ha dicho en medios de prensa que en 2020 se redujo el encierro y se aumentaron las medidas socioeducativas. Pasó todo lo contrario. Los números del observatorio de Inisa muestra mayor encierro, sobre todo en centros de alta conflictividad.
Faltan talleristas y educadores por el recorte presupuestal, no pudieron ingresar más funcionarios. Eso también profundizó el encierro. Hay centros que tienen 20 horas de encierro. Es frustrante. Cuando recorremos los centros los propios chiquilines a esta altura dicen que no están haciendo nada.
El presupuesto se recorta cada vez más. En esta rendición de cuentas presentamos un mensaje para aumentar funcionarios y el MEF no nos llevó la propuesta, la estamos presentando en el Parlamento.