Pese a haber instalado negocios formales en Punta del Este, las autoridades determinaron que el andamiaje económico de la organización continuaba cimentado en la comercialización de estupefacientes en Montevideo. El avance de la Operación Trazador había comenzado a cercar la red de acopio y provisión del grupo criminal, debilitando sus estructuras operativas en los meses previos a su ejecución en la capital argentina.
Reestructuración de bandas, incursiones armadas y escalada de violencia
Las derivaciones de la investigación no solo apuntan a la ruta del suministro de estupefacientes y las ramificaciones financieras al descubierto en la Operación Trazador, sino también al violento conflicto por el control del mercado local contra grupos rivales como «Los Suárez» y otras facciones asentadas en Canelones.
Muestra del nivel de violencia e infiltración de este enfrentamiento fue el episodio registrado el pasado 12 de septiembre, cuando un grupo de cinco delincuentes armados ingresó de madrugada al barrio privado Carmel, en el departamento de Canelones, tras simular un operativo policial y la llegada de un falso servicio de repartos (delivery). La banda irrumpió en el complejo con el objetivo de localizar a un referente del narcotráfico que reside en el lugar e integra una facción enemiga. Aliados del asesinado, señalan al narco de Carmele como responsable del crimen ocurrido en Buenos Aires, según informó Preve.
Para la Policía, el ataque perpetrado en el barrio porteño de Palermo responde a un ajuste directo derivado de la reestructuración forzosa que sufrió la organización tras los golpes asestados por las fuerzas de seguridad en los operativos antidrogas, lo que precipitó represalias de competidores por el control del territorio.
El costado político
En forma paralela a sus derivaciones criminales, la Operación Trazador generó severas repercusiones en el ámbito político institucional tras la condena por lavado de activos de Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil de Montevideo Gonzalo Gómez (del sector Por la Patria, liderado por Jorge Gandini).
El caso salpicó la agenda pública luego de que la Fiscalía abriera una causa por posible blanqueo de fondos a través de locales de cobranza y cambio en el que podría estar vinculado el comercio perteneciente al entorno familiar de Gandini, local que era frecuentado por Leiva. Pese a que el dirigente nacionalista se puso a disposición de la Justicia y descartó de plano cualquier vínculo con la red narco, la Fiscalía negó su acceso a la carpeta fiscal por no revestir la condición de indagado ni de víctima, mientras la Comisión de Ética del Partido Nacional y el Banco Central del Uruguay (BCU) monitorean las actuaciones.
