Así es como De la Espriella presenta esta política antiinmigrante como una política de “seguridad” asociando, deliberadamente, migración y criminalidad para convertir un problema administrativo en un asunto policial. La consigna de De la Espriella, “primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, sintetiza una política nacionalista y xenófoba que pretende enfrentar a trabajadores colombianos y migrantes entre sí, mientras quienes concentran la riqueza continúan beneficiándose de la explotación de ambos, así como avanzar en la militarización del país latinoamericano.
Los migrantes no son el enemigo: la criminalización al servicio de la explotación
Según datos oficiales de Migración Colombia, a enero de 2026 había 2,841,048 personas de nacionalidad venezolana en el país, cerca de una quinta parte de ellas en situación irregular. A ellas se suman trabajadores migrantes provenientes de otros países latinoamericanos, como Perú y República Dominicana.
Lejos de la imagen de “invasores” que intenta imponer la ultraderecha, son trabajadores, trabajadoras, niños, jóvenes y familias que forman parte de la sociedad colombiana. Muchos llegaron huyendo de la profunda crisis económica y social venezolana, mientras que otros mantienen vínculos familiares, económicos e históricos con Colombia. Ambos países comparten más de 2000 kilómetros de frontera y una relación que no puede reducirse a los controles migratorios.
Estar en situación migratoria irregular no convierte a una persona en delincuente. Una infracción administrativa no equivale a un crimen y al colocar deliberadamente ambas categorías bajo una misma política represiva, el gobierno construye la idea de que migración y criminalidad son fenómenos inseparables.
Además, esta criminalización tiene además una función económica. La experiencia de Estados Unidos y de otros países imperialistas demuestra que la amenaza de redadas, persecución, detenciones y deportaciones puede utilizarse para disciplinar a una fuerza de trabajo particularmente vulnerable, enriquecer a empresas armamentistas y de elaboración de alta tecnología como las israelitas, blindando el espacio terrestre, aéreo, marítimo, pero también ideológico, ya que si lxs trabajadorxs temen a ser detenidxs, también tienen mayores dificultades para denunciar a un patrón, reclamar un salario, exigir condiciones laborales dignas o participar de una organización sindical.
Entonces, el patrón puede aprovecharse de la situación irregular de un trabajador para pagar menos, imponer jornadas extenuantes o negar derechos. Y cuanto mayor sea el miedo a ser denunciado ante migración, mayor será la capacidad patronal para imponer esas condiciones y avanzar en la explotación contra el conjunto de la clase trabajadora.
Así, el trabajador colombiano y el trabajador venezolano pueden encontrarse en la misma fábrica, en el mismo campo, en una obra de construcción o en las calles de la economía informal, pueden tener el mismo patrón, cobrar salarios de miseria y enfrentar las mismas condiciones de precariedad. El problema, por tanto, no es que uno tenga una nacionalidad distinta, sino que ambos son obligados a vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más desfavorables mientras un puñado de empresarios de por sí multimillonarios siguen llenando sus cuentas bancarias con varios ceros.
Y la xenofobia permite ocultar esta realidad, porque si un trabajador colombiano cree que su enemigo es el venezolano que acepta un salario menor, deja de mirar hacia quienes se benefician de que ambos compitan entre sí. Si el trabajador venezolano teme ser deportado, tendrá más dificultades para organizarse junto a sus compañeros.
Frente a la mano dura, la respuesta de los trabajadores debe ser la unidad
La ofensiva contra los migrantes tampoco puede separarse del contexto nacional, ¿cómo es posible que, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus viviendas y fuentes de trabajo después del terremoto, el gobierno coloca en primer plano una política de persecución?
Cabe señalar, que lxs trabajadorxs migrantes no son responsables de la precariedad de la vivienda, los bajos salarios, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos o la falta de infraestructura. Además, la emergencia por el terremoto debería abrir una discusión sobre la reconstrucción, sobre quién debe pagarla y sobre las necesidades de millones de familias trabajadoras.
Una salida es que se le imputen mayores impuestos a las grandes fortunas, pero en lugar de eso, la ultraderecha ofrece un enemigo interno, el trabajador más precario y vulnerable: el migrante.
Y como para llevar adelante esta política no basta con un discurso xenófobo, sino que se necesitan instituciones, policías, funcionarios, centros de detención y mecanismos administrativos capaces de convertir la movilidad humana en un problema de seguridad, por eso la persecución migratoria debe ser enfrentada también como una política de Estado que utiliza el aparato represivo para controlar a una población laboral particularmente vulnerable, migrante y nativa.
Por eso la respuesta no puede ser aceptar la falsa disyuntiva entre “colombianos” y “migrantes”. Si falta vivienda, debemos exigir vivienda digna para todxs. Si faltan hospitales y escuelas, debemos exigir servicios públicos gratuitos y universales para todxs. Si existen salarios de miseria, debemos luchar por salarios dignos para todxs. Y si un empresario explota a un trabajador aprovechándose de su situación migratoria, quien debe responder es el explotador y el Estado cómplice de ese explotador, nunca el trabajador.
La ultraderecha quiere que los trabajadores miren hacia la frontera para encontrar al enemigo. Pero nosotrxs debemos mirar hacia quienes concentran la riqueza, hacia los grandes empresarios que se benefician de la precarización y hacia esos gobiernos cómplices que son quienes pretenden que millones de trabajadores compitan entre sí para aceptar condiciones cada vez peores.
Diana Palacios para LaIzquierdaDiario
