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Internacionales

Estados Unidos: El descarado avance de la Doctrina Monroe 2.0

Estados Unidos amenaza con revocar visas a directivos argentinos por comerciar con China: injerencia y coerción sobre la soberanía económica del país.

La doctrina Monroe 2.0 avanza sin escrúpulos sobre nuestro territorio. La embajada de EE.UU. avanza con la injerencia indiscriminada sobre nuestros asuntos económicos. En el día de hoy se conoció la noticia de que la embajada de Estados Unidos amenazó con revocar las visas de directivos de una empresa argentina por el simple hecho de mantener acuerdos comerciales con la República Popular China, es decir, EE.UU. se siente con el derecho de condicionar las decisiones empresariales de nuestro país bajo la coerción de un documento de viaje. Esta no es una cuestión menor. No se trata de una observación diplomática, ni de una recomendación amistosa. Es una amenaza explícita que apunta a doblegar la voluntad de actores económicos argentinos mediante la privación de un derecho: el de circular libremente por el mundo. Y lo hace no porque esos directivos hayan cometido un delito, ni porque representen una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino porque la Casa Blanca decidió —unilateralmente— que ciertos socios comerciales son “inadmisibles” para sus intereses geopolíticos.

La presión de Estados Unidos y la falta de soberanía

La Argentina es un Estado soberano, miembro de las Naciones Unidas, con gobierno propio, Constitución Nacional y con el derecho inalienable a establecer relaciones comerciales con quienes considere convenientes. Ninguna embajada, por poderosa que sea, tiene atribuciones para vetar los acuerdos que firmen empresas privadas en suelo argentino. Cuando la embajada estadounidense condiciona la entrega de visas a la renuncia de vínculos con China, no está ejerciendo diplomacia, está ejerciendo un imperialismo económico sobre nuestro país. Los abanderados del libre mercado, pretenden condicionar al mercado. Quienes se llenan la boca criticando la planificación económica, no tienen ningún tapujo en amedrentar la soberanía de un país amenazando a empresas que buscan un mejor acuerdo económico.

La Argentina no es un satélite de Washington ni un peón en su tablero, aunque nuestra actual administración se esfuerce por rebajarnos a ese status. Somos una Nación con intereses propios, con una economía que no puede darse el lujo de renunciar a la inversión china porque EE.UU. lo ordene. Si una empresa argentina evalúa que un acuerdo con China es conveniente para su desarrollo, para sus trabajadores, para sus accionistas y para el país, esa decisión compete exclusivamente a sus directivos, a sus accionistas y, en su caso, a los organismos regulatorios argentinos. No a un funcionario de la embajada extranjera que decide quién puede o no puede pisar su territorio según conveniencias geopolíticas ajenas. Además, la medida es profundamente injusta. Amenazar con revocar visas, o negar su renovación, a directivos por decisiones empresariales que no violan ninguna ley argentina ni internacional es un acto de coerción que vulnera los más básicos principios del derecho internacional. Es, en la práctica, una sanción extraterritorial aplicada a ciudadanos de un tercer país por actos lícitos cometidos en su propia nación. Si esto no es injerencia, ¿qué lo es?

La Argentina debe exigir respeto a su soberanía, debe reclamar que cesen de inmediato estas prácticas intimidatorias y debe alertar a la comunidad internacional sobre el peligroso precedente que representa que una potencia condicione la movilidad de ciudadanos de un país soberano en función de sus alianzas comerciales.

Trump y América Látina

La historia de América Latina está plagada de episodios de injerencia. Durante décadas, el continente sufrió golpes de Estado, dictaduras y saqueos económicos promovidos desde el norte. Hoy, la herramienta ya no es el golpe militar: es la sanción económica, la amenaza comercial, la coerción financiera. Pero el objetivo es el mismo: someter nuestras decisiones a los intereses ajenos.

La Argentina es un país libre, y sus empresarios tienen el derecho de comerciar con quienes elijan sin que una embajada extranjera les condicione su futuro. Si Washington no entiende esto, y el actual gobierno pretende desconocerlo, es obligación del pueblo argentino recordárselo con la firmeza que la dignidad nacional exige.

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