Según explicó la portavoz, una de las situaciones más frecuentes se produce cuando estos actores adquieren edificios completos y esperan al vencimiento de los contratos para incrementar significativamente los alquileres. “Cuando se vencen los contratos, aumentan esos alquileres hasta duplicarlos o triplicarlos”, señaló.
Alquileres que se disparan
Carrau puso como ejemplo el caso de un vecino que pagaba 800 euros mensuales por un apartamento de unos 60 metros cuadrados y dos habitaciones. Tras abandonar la vivienda en abril, la empresa encargada de gestionar el alquiler fijó un nuevo precio de 1.389 euros, pese a que, según relató, no se realizó ninguna reforma.
La propia portavoz describió también su situación, paga 900 euros por un apartamento de 28 metros cuadrados y una habitación.
Para Carrau, estos precios no guardan relación con los ingresos de los trabajadores. Según afirmó, en algunos casos el alquiler puede representar hasta el 75% del salario, lo que termina repercutiendo sobre el resto de la economía familiar.
La dificultad no se limita al alquiler. La portavoz señaló que acceder a una vivienda en propiedad también se ha vuelto cada vez más complejo, debido al aumento de los precios y a las condiciones de financiación. Según explicó, una persona puede necesitar alrededor de 40.000 euros ahorrados únicamente para afrontar la entrada de una vivienda, considerando que las hipotecas no suelen cubrir el 100% del valor.
“Da igual que llegues a los 87 años”
El caso de Maricarmen, según Carrau, muestra hasta qué punto la crisis afecta también a personas especialmente vulnerables.
La portavoz cuestionó que una persona de avanzada edad y con una discapacidad pueda quedar sin vivienda como consecuencia del vencimiento de su contrato y de la imposibilidad de afrontar un nuevo alquiler.
En ese contexto, sostuvo que una de las principales demandas del sindicato es terminar con los desalojos que se producen sin una alternativa habitacional para las personas afectadas.
Las demandas del Sindicato de Inquilinas
Carrau planteó varias medidas que el sindicato reclama al Gobierno español y a la coalición que encabeza Pedro Sánchez. Entre ellas mencionó la necesidad de avanzar hacia contratos indefinidos y establecer mecanismos que impidan incrementos abruptos de los alquileres.
También reclamó medidas contra las irregularidades vinculadas a las fianzas y contra determinadas modalidades de alquiler temporal y por habitaciones que, según explicó, quedan fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se regulan bajo otro marco jurídico.
“Estamos pagando habitaciones al precio que cuesta un piso entero”, afirmó.
La organización también reclama que no se produzcan desalojos cuando no existe una alternativa habitacional y plantea intervenir sobre los precios del mercado.
Carrau sostuvo que la demanda de congelar los alquileres es, en realidad, insuficiente frente a los niveles actuales. “Debería ser una bajada de precios porque ya están disparadísimos”, afirmó.
Para la portavoz, el desalojo de Maricarmen no constituye un episodio aislado, sino el punto de encuentro de distintas situaciones que atraviesan a los inquilinos madrileños, alquileres cada vez más elevados, contratos inestables, concentración de viviendas y dificultades crecientes tanto para alquilar como para acceder a una vivienda propia.
