«Tampoco le importó a la Justicia uruguaya que el defensor de oficio no hubiera cumplido con su tarea como merecía una niña víctima de abuso: primó el corporativismo judicial ante los derechos de la niña», agrega.
El documento también cuestiona que se descartaron las pericias «que contenían la prueba del delito» bajo argumentos como que no eran españolas, la falta de imparcialidad y honestidad y por no haber sido realizadas con la metodología del Dr. Gardner (autor del pseudo-síndrome de alienación parental, SAP)
«Con el camino penal cerrado porque ninguna prueba del delito fue admitida, comenzó en el Juzgado de familia por Guarda y Custodia, el proceso de convertir a María en victimaria y pasar a ser un ‘riesgo para la niña’, refiriendo a que es una persona con problemas psiquiátricos que debía ser atendida obligadamente para ‘curarse’ y no seguir ‘alienando a la niña’. Fueron rechazadas todas las pruebas presentadas por el abogado de María, los informes elaborados y enviados por INAU y la comparecencia del cónsul uruguayo en Barcelona, quien acompaña a las dos desde el momento que llegaron a España», relata el escrito.
Por otro lado, el comunicado destaca que la niña hace tres años no ve a su progenitor y se ha negado a verlo en cada una de las ocho instancias de encuentro que fueron propuestas.
«Todo el proceso judicial en España está basado en el supuesto SAP. Lo más llamativo de todo es que el uso del SAP en la Justicia española está prohibido por el Consejo General del Poder Judicial en su guía práctica de aplicación de la Ley integral contra la Violencia de Género», expresa el comunicado de la Intersocial.
Además, la organización realizó un llamado «a todas las instituciones uruguayas a poner en marcha todas las acciones pertinentes que garanticen la protección de la niña, salvaguardando su vida».
