La investigación desarrollada por Fiscalía no solo probó los hechos denunciados, sino que además involucró a Correa e Infante, que operaron como cómplices de Sánchez.
A solicitud del fiscal, la Justicia formalizó a los tres con medidas limitativas. Como parte de la investigación, en noviembre pasado Vaz solicitó al Tribunal de Cuentas la realización de una auditoría sobre la administración de la Junta Departamental. La auditoría se realizó, pero el fiscal aún no recibió el informe, por lo que acaba de solicitar audiencia a la Justicia para extender el plazo de las medidas limitativas que pesan sobre los tres ediles.
Una fuente del TCR confirmó que el informe solicitado por Vaz estaba pronto, pero dijo desconocer por qué aún no se había enviado.
El Tribunal es uno de los organismos con integración política que requiere mayorías especiales del Senado para su conformación. Como esas mayorías no se han logrado por parte del Gobierno actual, subsisten los mismos integrantes del gobierno pasado, teniendo mayoría el Partido Nacional. Cuatro ministros son blancos y tres son frenteamplistas. El presidente es Francisco Gallinal, un hombre muy cercano al exintendente Enrique Antía. Y esto puede ser parte de la tardanza en responder a la Fiscalía.
También se investiga el sueldo encubierto que se votaron los ediles
Una vez que se conoció la formalización de estos tres ediles, un ciudadano de Maldonado, empleado de comercio sin pertenencia partidaria, resolvió denunciar ante el fiscal que los ediles se habían votado un sueldo oculto en el año 2015 bajo la genérica denominación de “Fondo para el Fortalecimiento de los Sectores con Representación en la Junta”. Años después lo modificaron como “Fondo para el Fortalecimiento del Sistema Democrático”.
Bajo esa pomposa denominación, y violando la Constitución, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Anticorrupción y el TOCAF, en la segunda sesión de la Junta instalada en julio del 2015 la bancada del Partido Nacional, con el voto de los ediles frentistas que entonces respondían a Darío Pérez y que eran la mayoría de esa bancada, propuso el pago de una partida de 25.000 pesos por cada edil titular, y además se establecieron los sucesivos aumentos.
En julio del 2025, cuando asumió el nuevo legislativo, esa partida llegaba casi a 90.000 pesos mensuales. No se ha podido corroborar si actualmente los ediles siguen cobrando esa partida.
Este ciudadano de Maldonado ya había presentado una denuncia penal en el año 2018 luego de realizar una pormenorizada investigación que incluyó un rotundo pronunciamiento de la Jutep, presidida entonces por Ricardo Gil Iribarne e integrada por Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli.
El fiscal a cargo nunca investigó y dos años después ordenó el archivo del expediente; al poco tiempo fue trasladado a Montevideo. Para reabrirlo, tenía que haber nuevos elementos. Y esto fue lo que entregó el año pasado al fiscal Vaz.
Desde el año 2016 el TCR ha observado año a año este gasto de la Junta e incluso ese año los servicios jurídicos aconsejaron la realización de la denuncia penal, algo que fue rechazado por los ministros del Tribunal.
Enseguida de recibir la denuncia, Vaz solicitó a la Junta una cantidad de documentos con el fin de iniciar la investigación. Pero bajo la excusa de que “entregar esa documentación violaría el secreto bancario de los ediles”, la entonces presidenta también nacionalista, Verónica Robaina, se negó a entregar la documentación solicitada.
Entonces Vaz recurrió a la Justicia, quien ordenó remitir en forma urgente los documentos requeridos. A la vez, el fiscal también solicitó a la Justicia, y obtuvo, el levantamiento del secreto bancario de la Junta Departamental y de todos los ediles que ejercieron entre los años 2015-2020 y 2020-2025.
El fiscal ya tomó declaraciones a varias personas, y a medida que lo han hecho, se solicita el levantamiento de las cuentas bancarias. Se trata de una investigación extremadamente compleja en la que el reducido grupo que asiste a Vaz debe chequear información bancaria de por lo menos 62 personas, aunque la cantidad es mayor porque en la maniobra han intervenido personas ajenas al órgano legislativo. Y todo ello mientras atienden una innumerable cantidad de casos penales, porque en el interior no existen fiscalías especializadas, salvo las referidas a violencia de género.
Pero entonces surgió una nueva dificultad que complica los avances: una fuente de Fiscalía reveló el malestar existente “porque los bancos demoran meses en enviarnos sus respuestas. A este paso no lograremos cerrar esta investigación ni el día del golero”, sostuvo con humor, y agregó “algo que también es injusto con los investigados”.
¿Por qué es imprescindible la respuesta de los bancos?
Ningún edil supuso el 21 de julio del 2015 que corría el riesgo de terminar formalizado por votarse un sueldo encubierto. La propuesta tuvo el voto de los 16 ediles blancos, de 11 de los 13 frentistas; no lo votaron dos del sector de Óscar de los Santos y de los 2 colorados. Aunque como la votación no fue nominal, no hay registro en actas, solo constan declaraciones públicas de los involucrados.
La idea fue presentada por el entonces presidente de la Junta, el blanco Nino Báez, en la segunda reunión semanal después de haber asumido el nuevo gobierno (2015-2020) encabezado por Enrique Antía. El decreto aprobado una semana después establece:
EXPTE. N.° 0292/15.- COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, eleva proyecto de reglamentación de índole presupuestal. (Pasa Dpto. Financiero Contable).- VISTO: El planteamiento elevado por la Comisión de Asuntos Internos en representación de las diferentes Bancadas del Cuerpo.
CONSIDERANDO I: Que la Ley 18.485 declaró de "interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano la existencia de partidos políticos y su libre funcionamiento" (artículo 1º); a su vez dicho acto legislativo dispuso que "los sectores internos, agrupaciones políticas o listas de carácter nacional o departamental podrán abrir cuentas bancarias en cualquier institución del sistema financiero nacional, para el cumplimiento de sus fines, estando exonerados de todo tributo a esos efectos" (artículo 6º) .
CONSIDERANDO II: Que la importancia de los cometidos asignados constitucionalmente y por la Ley 9.515 a Legislativos Departamentales y en concreto a los Ediles impone el fortalecimiento de los sectores con representación en la Junta Departamental, a efectos de su mejor desempeño; en ese marco resulta viable legislar sobre un aporte para el desarrollo de las tareas de los sectores partidarios en el ámbito de la Junta departamental, ya sea con destino a recabar asesoramientos puntuales, gastos en materia de transporte, funcionamiento y representación, etc.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto. LA MESA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL RESUELVE:
1º) Destínase a cada Sector con representación en la Junta Departamental una partida para el mejor cumplimiento de sus fines.
2º) A los efectos de la presente reglamentación entiéndese por Sector a cada Sublema de candidatos a la Junta Departamental que haya obtenido representación en dicho órgano del Gobierno Departamental.
3º) La partida se asignará a cada Sector en proporción al número de Ediles que formen parte del mismo. A tales efectos, la Junta Departamental le destinará una partida que resultará de multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los Representantes Nacionales por el número de Ediles que integren el Sector.
4º) Esta partida se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los Representantes Nacionales y se podrá depositar en la cuenta bancaria abierta por el Sector o recibir directamente por el Secretario de Bancada que designe el mismo.
5º) La partida de referencia se imputará al rubro presupuestal correspondiente, el que deberá reforzarse mediante trasposición presupuestal.
6º) En la próxima instancia presupuestal deberá preverse la asignación dispuesta en el presente acto administrativo en el rubro correspondiente, no debiendo incrementarse el monto global del Presupuesto vigente.
7º) La presente reglamentación tendrá vigencia con retroactividad al 10 de julio de 2015.
8º) Dése cuenta al Cuerpo, comuníquese al Departamento Financiero Contable y a la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas en esta Corporación, téngase presente y cumplidos los trámites administrativos dispuestos archívese.
Esta resolución no se difundió en la web de la Junta y durante algunos meses los mismos ediles la negaron. También votaron los incrementos futuros de estas partidas; por ejemplo, en el 2018 el aumento fue del 28,3 %. La situación al 2025 era que los ediles cobraban casi el doble de lo que un legislador recibe como gastos de representación.
En el año 2015 el monto asignado por edil era de 26.914 pesos; en el 2018 ya era de 40.800 pesos, y en julio del 2025 era de 89.480 pesos. En tanto los gastos de representación de un diputado eran en el 2024 equivalentes a 49.665 pesos mensuales.
Todos los meses el presidente de la Junta ordena depositar en una cuenta bancaria y a un nombre determinado por cada bancada, que no necesariamente es edil, ya que hay gente de afuera que la cobra, una cifra que surge de multiplicar el monto establecido como “sueldo” por la cantidad de ediles titulares. Luego cada bancada hace el reparto.
Al principio los ediles negaban percibir ese dinero. Pero a medida que comenzaron a hacerse públicos los datos, empezaron a reconocer el cobro. Por ejemplo, Darwin Correa dijo que “lo donaba a gente que lo necesitaba”, aunque no existe ningún registro.
En tiempos recientes unificaron el discurso y coinciden en que el dinero lo entregan a su sector político “y éste le reintegra los gastos”. Algo que antes hacía la propia Junta previa presentación de las facturas. Pero esta declaración abre un nuevo frente y complica más todo. ¿Los sectores políticos declararon ante la Corte Electoral, como están obligados, estos ingresos millonarios?
En el año 2018, Gil Iribarne, entonces presidente de la Jutep, dijo: “Entendemos que se violan una serie de normas, no se cumple con lo establecido por la Constitución, particularmente en lo que refiere al carácter honorario de los ediles. Si además las partidas se destinan a los sectores políticos, estaríamos frente a otra irregularidad aún más grave”.
Una siguiente y grave derivación es la posibilidad de una evasión o defraudación fiscal, porque si las partidas se traducen en pagos personales o beneficios a favor de ediles, podrían constituir rentas gravadas que deben declararse.
La denuncia que recibió el fiscal Vaz solicita “la remisión de antecedentes a la Dirección General Impositiva (DGI) para investigar eventuales omisiones tributarias o evasión fiscal, dado que las partidas podrían haber generado ingresos personales no declarados por los ediles o integrantes de las bancadas”.
Esta es una oportunidad inmejorable para saber en serio quiénes están dispuestos a combatir la corrupción política y quiénes solo “boquillean” con la única intención de desprestigiar adversarios.
