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Que Javier García es un mentiroso no hay ni quien lo discuta. Se autodenominó pediatra y ejerció la pediatría sin haber culminado los estudios de su especialidad.
Vivimos en la era de las tormentas selectivas. Las poses de ofendidos pululan en las redes sociales, donde muchas veces esos mismos actores se dedican a alentar campañas de desinformación, declaraciones engañosas y acusaciones destructivas.
En este escenario, resulta curioso que el senador del Partido Nacional, Javier García culo y calzón del senador Sebastián da Silva, y cabecillas de la lista 40 (creo que es ajustado denominarlos cabecillas) denuncien penalmente a quienes opinan sobre el caso Cardama y sobre las sustentables dudas que genera una compra millonaria llena de aspectos presuntamente delictivos que actualmente motivan una investigación fiscal después de haber sido objeto de una larga investigación parlamentaria en la que García perdió por goleada y le patearon de todos lados.
García no solo pretende llevar a la Fiscalía a la exministra María Julia Muñoz, sino que también denunció al publicista Esteban Valenti por sus afirmaciones sobre el negociado de Cardama y las evidentes señales de corrupción que se desprenden de los papeles conocidos y publicados, documentos en los que se prueba sin levante que hay motivos para suponer que muy probablemente se metió la mano en la lata.
Si el Frente Amplio o las organizaciones sociales adoptaran la misma actitud que el senador nacionalista, no alcanzarían los fiscales del país para procesar las denuncias por difamación e injurias que motivan los descalificativos vertidos a diario por Bianchi, Da Silva o Botana.
Vale recordar que, no hace mucho, el propio Botana calificó al Gobierno del Frente Amplio como un «narcogobierno», afirmando sin tapujos que sus decisiones estaban permeadas por el crimen organizado.
Bianchi, cuyas opiniones no importan tanto porque como te dice una cosa te dice la otra, ha incurrido sistemáticamente en la misma práctica, acusando a la fuerza de izquierda de vínculos con el terrorismo.
Más recientemente, Pedro Bordaberry protagonizó un episodio de agresiones verbales contra los integrantes de la Jutep, denunciando una supuesta persecución política y exhibiendo una mala educación estructural aprendida en el falangismo o en las sectas fundamentalista de familia, tradición y propiedad (léase facho de la A a la Z, sin retorno y nunca gratis).
Como se aprecia, el nivel del debate político en varios legisladores opositores ha tocado zócalos de bajeza.
Sin embargo, la izquierda ha optado por el debate público, sereno y respetuoso, y no por la judicialización de la política, reservando la vía penal únicamente para casos extremos de esos que sólo pueden detenerse en la hipocresía de la Justicia.
El senador García parece ser o hacerse el sordo y ciego, lo que le impide registrar las maniobras sistemáticas de sus propios compañeros de filas. Solo capta y reacciona ante lo que señalan sus adversarios. Así salió, desaforado, a intentar amordazar a María Julia Muñoz, ignorando que si algo ha caracterizado a la exministra de Tabaré Vázquez es la imposibilidad de ponerle un bozal cuando se trata de decir verdades.
Pretender amedrentarla con una denuncia penal demuestra un profundo desconocimiento de su trayectoria y tremendas ganas de recibir una paliza histórica y una buena patada en el traste, con el perdón de la palabra.
Por más que se busque judicializar una valoración política sobre un episodio oscurísimo que investiga la propia Justicia, es claro que medio país piensa exactamente lo que dijo «Marita».
Habría que ser demasiado ingenuo para creer que en un pésimo negocio de 100 millones de dólares con pagos adelantados, sin garantías y con alertas ignoradas nadie se llevó una tajada por promover una compra con clara apariencia delictiva.
Cabe recordar que el Gobierno de Yamandú Orsi decidió rescindir el contrato, no por apreciaciones partidarias, sino por convicción jurídica e indicios fundados de fraude y estafa contra el Estado.
Frente a esta situación solo existen dos caminos: o cerrar los ojos ante la evidencia y asumir que todos los jerarcas del Ministerio de Defensa encabezado por García y luego por Armando Castaingdebat y el coronel Rivera Elgue, fueron engañados por un empresario español, o sospechar que existió algo raro que no cierra por ningún lado.
Cuando jerarcas de gobierno hacen semejante desbarajuste en que se invierten 100 millones de dólares sin informes técnicos contundentes, sin garantías y sin ninguna seguridad de la aptitud del proveedor para el cumplimiento de la propuesta, sólo cabe pensar que son tontos o son garcas, y como los imbéciles no llegar a ministros, sólo nos queda una opción.
En su reciente entrevista para el streaming de El Observador, María Julia Muñoz sintetizó con crudeza lo que gran parte de la ciudadanía murmura en la calle:
«Se roba para uno mismo o se roba para la corona, como decía Verbitsky cuando estudió los casos argentinos. Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García».
Y agregó sobre la máxima jerarquía del Ejecutivo anterior:
«Lacalle Pou sabía que en su Gobierno había coimas. ¿Cómo no lo va a saber?».
Podía haber continuado su entrevista diciendo: “¿Cómo no lo va a saber si en su entorno revoloteaba el pecado?”.
Esto que dijo María Julia Muñoz es lo que opinan o piensan mucho más de la mitad de los uruguayos, y casi todo el personal de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército.
El propio Hugo Manini me advertía, antes de su lamentable e inesperado fallecimiento, que pusiera atención en las intervenciones de Juan Seré, asesor y amigo muy cercano del expresidente, avisándome que donde estaba él había un negocio.
No hay compra en el Ministerio de Defensa en el período de gobierno pasado que no haya generado sospechas y que la gente no opine que han sido compras irregulares o por precios al menos raros, o con garantías truchas, o que los objetos comprados tuvieron fallas o simplemente no sirvieron para lo que fueron adquiridos. Intentar acallar este debate con escritos en la Fiscalía no borrará el fracaso ni las sospechas que rodean al caso.
Que Javier García es un mentiroso no hay ni quien lo discuta. Se autodenominó pediatra y ejerció la pediatría sin haber culminado los estudios de su especialidad. El título de mentiroso se lo pongo con chapa en la puerta y por eso nadie me va a citar a la Fiscalía.
En lo demás, Javier García y su presidente, Lacalle Pou, son terriblemente honorables pero tremendo garcas.
Los aviones hércules que compraron fueron baratísimos, estaban como nuevos y todo el mundo aeronáutico se los disputaban, pero el clavo se lo compró Javier García; las lanchas inflables se pinchaban, pero las compró Javier García; las garantías de Cardama eran truchas, pero a Javier García le parecieron suficientes.
No olviden que a la Armada le parecía imprudente que el ministro de Defensa Javier García quisiera vender en majestuoso edificio de la Escuela Naval (ex Hotel Miramar), en la rambla de Carrasco, porque resultaba sospechoso un negocio inmobiliario fantástico frente a la rambla.
Pablo Carrasco, el garca de Conexión Ganadera, repartía los volantes de la lista 40, que tenía más locales electorales que barbería hay en Montevideo.
Y esto no era casualidad.
Sebastían Da Silva era el principal propagandista de Conexión Ganadera, y por sus presiones y las de Javier García echaron a Esteban Valenti de las tertulias de El Espectador.
Tampoco era casualidad.
Javier García procuró conectar a Juan Sartori con Pablo Carrasco, y no fue accidente.
De la exfiscal Gabriela Fossati no puedo afirmar si era garca o tonta, o ambas cosas, porque no me consta. Ella no protegió a Luis Lacalle Pou, pero no chequeó sus mensajes en su celular para cubrirlo.
Astesiano hablaba, un día sí y otro también, de la corrupción que hubo en la Torre Ejecutiva mientras él fue el jefe de la seguridad del presidente, pero nunca se animó a hablar porque se sintió amenazado.
El fiscal de Crimen Organizado sabe que se destruyó un expediente por orden de Lacalle Pou, pero nunca se atrevió a citarlo a declarar, aunque también se anunció un mes si y otro no que la citación era inminente.
A Sebastián Marset le dieron un pasaporte para que se paseara por el mundo a cambio de una tonelada de pescado que llegó en valija diplomática.
Por favor, dejen de jugar a la honorabilidad que, debajo del calzoncillo, al final de la espalda, se les nota todo.