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Para la Izquierda Cristiana Uruguaya (IC), una agrupación de ideología humanista cristiana que forma parte del Frente Amplio, el Gobierno dio un giro en su forma de conducir la política en la emergencia nacional por Covid-19.
En un comunicado difundido el 13 de abril la IC rechaza el envío de la Ley de Urgente Consideración en estas circunstancias y califica la modalidad de comunicación de la decisión como «sumamente personalizada […] mostró su costado más inquietante y sobreactuado], ya que el presidente Luis Lacalle Pou lo anunció en su cuenta personal de Twitter.
El Gobierno estuvo «lejos de atender los reclamos del Frente Amplio y de sectores de la sociedad civil», denuncian en el documento, «en el sentido de respetar la cabalidad el instrumento constitucional de las leyes de urgente consideración». Puntualizan que el Poder Ejecutivo adicionó casi 50 artículos a la LUC, lo que vuelve «caótica cualquier hipótesis de estudio serio y ponderado». También aseguran que el envío del proyecto se hace «en el peor momento» pues no hay condición de diálogo conducente al consenso político y social: «se trata de una práctica no democrática», sentencian.
Apuntan, además, que Lacalle Pou centralizó el discurso de la conferencia del 8 de abril y los ministros presentes «operaron como asistentes privilegiados de su discurso, única voz del Poder Ejecutivo».
Con respecto a la afirmación del presidente de que no gravará al gran capital porque es el que sacará al país adelante después de la crisis sanitaria, la IC afirma que Lacalle Pou «confunde (?)» empresa con capital, un concepto más extenso que incluye patrimonio acumulado (por personas físicas y jurídicas) y las rentas de la propiedad (tales como rentas inmobiliarias, dividendos, depósitos bancarios e intermediación financiera).