«El Frente Amplio entiende que debe existir una inmediata retractación del Gobierno por los injustificables dichos del ministro de Defensa. El Frente Amplio recurrirá a todos los mecanismos constitucionales en procura de lograr la rectificación de una política que utiliza viejos argumentos para defender la impunidad», señalaba la declaración del Frente Amplio.
En una cabriolesca e increíble comparación el jerarca había señalado que la decisión de la justicia podría traer como consecuencia que militares en actividad se inhibieran de dar cumplimiento a órdenes de sus superiores, por temor al accionar de la justicia.
«Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso (…) este es un mensaje que preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento de las fuerzas (…) Imagine a lo que están expuestos los soldados hoy” había expresado para fundamentar la “actualidad” de los efectos del accionar de la justicia ante un delito de lesa humanidad que significa, lisa y llanamente, su no prescripción.
En la jornada de este sábado, el ministro Javier García ha ratificado sus dichos: “Ratifico, con respeto y también con la firmeza democrática y republicana que corresponde, todo lo dicho en la nota. Lo reafirmo 100% en su fondo, tono y por lo que representa el lugar donde fue dicho”, escribió en su cuenta de Twitter.
Varias cosas saltan como preocupantes en la primera y esta última expresión del ministro, la particular concepción de respeto a los poderes, la visión restrictiva del republicanismo y el lugar que en ello todavía tiene la defensa a ultranza de “la obediencia debida”.
Si no estuviéramos en Montevideo, podría decirse sin temor a equívocos que aquél Jerusalén que un día juzgó a Eichmann, anda hoy lamentando por estos lares, este nuevo retorno de las “banalidades del mal” que tan certeramente describiera Hannah Arendt.
