La controversia empezó cuando Evo Morales manifestó su intención de presentarse como candidato para un cuarto período, lo que le llevó a proponer un referendo, pues la nueva constitución no permitía su reelección; el referendo fue derrotado 51% contra 49% en una campaña que estuvo plagada de noticias falsas y acusaciones contra Morales sobre tráfico de influencias e hijos no reconocidos, lo que posteriormente se demostró que era falso. Al final, la propuesta de Morales fue derrotada.
Posteriormente, el Tribunal Electoral decidió avalar la candidatura de Evo Morales y su fórmula para la vicepresidencia, Álvaro García Linera, invocando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en Costa Rica, donde se reconoce como derecho fundamental de cualquier ciudadano el de participar en las justas electorales en condiciones de equidad.
Fue esta decisión la que ha llevado a la oposición a convocar una escalada de protestas, tanto contra la decisión del Tribunal como contra la candidatura de Morales en sí misma, pues la consideran autoritaria e irrespetuosa de los resultados del referendo de 2016.
En ese contexto, el pasado 9 de julio se desarrolló la protesta en Santa Cruz donde los informes son contradictorios, pues el comité cívico convocante declaró como un rotundo éxito la jornada, mientras la central sindical de esa ciudad afirmó que el impacto y la convocatoria fueron menores; lo cierto es que los informes estadísticos dan cuenta de una relativa normalidad en los rubros del petróleo, el azúcar y la aviación comercial, que son los sectores más sensibles de la zona.
El paro de Santa Cruz fue, en palabras del senador opositor Óscar Ortiz, un precedente importante en la preparación de un gran paro cívico nacional, con lo que se prevé una agudización de las protestas en Bolivia en la medida que las elecciones del próximo 20 de octubre estén más cerca.
Bolivia ha sido durante la última época un referente de avance en la región y en el mundo, históricamente fue un país relegado y con unos niveles de pobreza muy altos, donde la gran afectada siempre fue la mayoritaria población indígena, que en ese país pasa del 63%; su principal fuente de ingresos fueron los hidrocarburos, que estuvieron durante años en manos de contratistas privados que dejaban una mínima contraprestación por los recursos que explotaban.
El primer gobierno de Morales nacionalizó la explotación de hidrocarburos y renegoció los términos de los contratos con varias empresas. Esa decisión puso a Bolivia de forma casi inmediata en una lógica distinta, el crecimiento económico de ese país fue del 5% sostenido durante más de 10 años, superior no sólo al de los demás países de la región, sino incluso al de Estados Unidos.
Por otro lado, se le atribuye al gobierno de Morales una gran cautela a la hora de invertir los recursos y una reformulación en la política de venta de las materias primas, lo que ha aumentado los ingresos de la nación de forma considerable, logrando que Bolivia sea el país más próspero de la región con el amplio colchón financiero que le permitió no verse tan afectado por la crisis de las materias primas en 2014.
Sin embargo, y aunque el apoyo a Morales es bastante alto, existe una serie de sectores que no comparten su continuidad en la presidencia, sectores que reúnen a los jefes de la política tradicional que están hoy en la oposición. La muestra de ello es que en la jornada del 9 de junio en Santa Cruz formaron parte de los bloqueos cuatro de los siete aspirantes a la presidencia que competirían contra Morales, lo que trajo fuertes críticas a la jornada, debido a que se había convocado como un espacio reivindicativo y no político-electoral.
