Los investigadores sostuvieron que los líderes de las bandas criminales que operan en Uruguay “cada vez son más jóvenes y con menos experiencia. Es decir que en el mercado local ese escenario se va modificando con bastante rapidez, constatándose una rotación permanente, dificultando las investigaciones”, añadieron fuentes vinculadas a las investigaciones. Explicaron que hay un rápido recambio generacional que se nota en pautas de conductas, en modus operandi, en posturas que adoptan en las investigaciones. Se trata de grupos “clánicos”, familiares, que reclutan gente en el territorio a cambio de favores. El inicio es cuando le piden a los más jóvenes del barrio “llevá el paquetito de acá para allá”, y luego, tras estos intercambios, esos adolescentes se van incorporando a las bandas que operan en el barrio, dándoles luego un arma.
Esos grupos compiten por un mercado que es muy reducido, con amedrentamientos, y eso genera dinámicas de encarcelamiento y muerte, con vacíos de poder que permanentemente se están suplantando por otros. La diferencia en los comportamientos de los líderes de las bandas criminales que operan en Uruguay continúan investigadores consultados por Caras y Caretas está en la capacidad de planificación a largo plazo, la impulsividad y la violencia desplegada. Los consultados coinciden en que las disputas en los barrios tienen mayormente que ver con el reparto de drogas: “Yo tomo la boca de fulano, le gano el territorio a mengano poniéndome en el lugar donde otro vendía, o me quiero pasar de un barrio a otro donde ya sé que hay otra persona”.
Acerca de las dificultades con las que se enfrenta Uruguay, operadores judiciales consultados entienden que “el problema no está en las normativas existentes sino en la carencia de recursos humanos gente formada en el sistema financiero, delitos de activos, estrategias de comunicación, análisis de datos, contadores, informáticos, equipos multidisciplinarios para entender el funcionamiento de la organización criminal y anticipar sus actividades, materiales y herramientas adecuadas para que la Policía, Fiscalía o el Poder Judicial hagan su trabajo”. Sostienen que la legislación contra el lavado de activos cumple con las normas internacionales, “pero si no se generan condenas, si no hay herramientas para aplicarlas, es lo mismo”.
Los operadores consultados indicaron que en Uruguay “existen muchos policías ampliamente formados para estas investigaciones, fiscales y otros profesionales, pero si todos los investigadores que están formados para casos complejos trabajan para varias fiscalías a la vez, para el turno, juicios orales, lo accesorio termina tapando lo fundamental”. En Colombia, como en otros países refirieron, hay un núcleo que investiga el conjunto del fenómeno delictivo, esto es, drogas, sicariato, armas, homicidio y lavado. “Eso cuesta plata, y si bien existen normas de lavado y de estupefacientes, precisás recursos humanos, tecnológicos, y tanto la Fiscalía, Poder Judicial y Defensoría Pública tienen iguales recursos que hace 10 años, y la realidad de Uruguay no es igual a hace 10 o 15 años”, señalaron los consultados. Por ello continúan, la normativa no es problema salvo que en Uruguay no existe, como sí en otros países, tratar de graduar las penas en función de las sustancias y sus cantidades, alternativas a la prisión. Hoy la penalización por delitos vinculados a la droga es todo cárcel, desde la mujer que ingresa 50 gramos de droga hasta el narco más pesado. Por ello se necesitan distintas formas de resolver conflictos para casos diferentes.
Cárcel: 85 % de los reclusos adictos
El Grupo de Criminología de la Facultad de Derecho, organizó en el departamento de Salto las 29as Jornadas Regionales de Criminología en Salto, auspiciadas por el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, dirigido por el profesor Germán Aller. Entre las ponencias estuvo la de la docente de Derecho Penal y jueza penal Blanca Rieiro. “Por supuesto que hay que penar y perseguir los delitos vinculados al narcotráfico, política criminal que tiene como objetivo la protección de la salud pública, pero el punto está en que hay 16.900 presos y el 85 % tienen problemas de adicción”, dijo Rieiro a Caras y Caretas. “Presos como consecuencia de que roban y cometen delitos para sustentar su adicción, pero para los que no hay políticas de tratamientos. El país tiene obligación de prestar asistencia a las personas con uso problemático, esto está previsto en la ley, pero no existen porque no hay psiquiatras para atender esa cantidad de gente. Tampoco es una cuestión del gobierno sino de concepto de política criminal que la única respuesta sea la prisionización, sin tratamientos para las personas que obtienen su libertad una vez cumplida la pena”.
Rieiro agregó que “se les hacen juicios abreviados, están 7 meses en la cárcel y salen para permanecer en situación de calle, y a los 15 días de nuevo en el juzgado”. La docente y jueza se preguntó: “¿A quiénes no nos gusta tolerancia cero a las drogas, que no estemos dentro del flagelo, pero eso es descriptivo porque en los hechos no produce nada positivo”. Subrayó que “no digo que a la gente que comete delitos para consumir drogas hay que premiarla, lo que digo es que tienen que tener un tratamiento para cumplir lo que dice la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. No se cumple con todo esto y cada vez tenemos más población carcelaria, más jóvenes excluidos y mujeres presas por drogas sin ningún sostén por parte del Estado más que la propia cárcel y la privación de libertad”.
La docente de Derecho Penal hizo hincapié en que “debe haber hospitales penitenciarios para tratar a la gente que vive por y para las drogas y cuando obtienen la libertad tener un sostén, un seguimiento por parte del Estado en materia de salud mental. Las mujeres con sus niños chicos cumplen penas, salen y de nuevo a la calle y a la venta de droga. El Estado tiene que poner más recursos porque se destruye la juventud. El Estado los capta porque las personas son detenidas y condenadas, pero no se hace nada”, dijo Rieiro. Indicó que “está muy bien que Uruguay ratifique todos los tratados de derechos humanos, pero tenemos que hacerlo más efectivo y llevarlos en la práctica porque, de lo contrario, queda en letra muerta”.
“De los 16.900 presos preguntó Rieiro, ¿cuántos narcotraficantes grandes hay? Uno o dos, porque zafan del sistema. Esto es la selectividad. Y si se cometen delitos, claro que hay que aplicar las penas, incluso las de 30 años, pero esto no puede ir en detrimento de sus derechos, que es lo que dice la Constitución”.
Rieiro dijo que “cada vez hay más gente joven de 12 o 13 años, consumidores que son captados porque las primeras veces consumen gratis pero luego hay que pagar y, ¿cómo te puedo pagar si no tengo plata? La respuesta es sencilla: ‘Ponete a vender para mí’”.
