De acuerdo con Larrosa, el costo del complejo Antel Arena “resultó el previsto” en las auditorías omitidas, y además consideró que “el negocio es superavitario”, ya que deben “considerarse los derechos de denominación”.
“La denuncia no solicita la declaración del autor de un informe jurídico contundente y previo justificando competencia, oportunidad y conveniencia (del proyecto Antel Arena). ¡Además hay 7 informes jurídicos favorables que fueron ignorados!”, escribió el director.
Asimismo, como ya lo había hecho en oportunidades anteriores, Larrosa criticó la auditoría encargada por el directorio de Antel a la empresa Ecovis, encabezada por un militante del Partido Nacional, que fue uno de los insumos para la denuncia presentada en junio del año pasado.
“En el escrito subrayo que el trabajo entregado por el asesor externo (Ecovis) no es una auditoría, y tiene un cúmulo de errores graves y omisiones, que analizo en detalle para fiscalía. Por ende, el análisis de JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) no es válido por basarse exclusivamente en ese informe”, argumentó.
El informe de la Jutep citado por Larrosa, había llegado a la conclusión de que en la construcción del complejo hubo “apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario” y “existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración”.
Por último, el director en representación del FA, señaló que “paradójicamente” la contratación del abogado que representa a Antel en la denuncia por la construcción del complejo, Gustavo Bordes, “incurre en hechos que se cuestionan al Arena”.
“Es contratación directa y contradice observaciones del TCR (Tribunal de Cuentas). También superó el tope de OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). El presidente de Antel no firma la denuncia..¿por qué?”, se preguntó Larrosa.
