Una auditoría de la Superintendencia de Bancos forzó ajustes contables superiores a los 3.500.000 dólares y la entidad no pudo reponer un encaje legal de 70 millones de dólares. Además, se detectaron fallas y un exceso en el otorgamiento de préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario de la entidad, además del fracaso en un intento de capitalización de 100 millones de dólares que resultó insuficiente para sostenerla.
Un informe del BCP identificó la movilización de aproximadamente 146 millones de dólares hacia tres empresas vinculadas a los dueños del banco en un período de siete meses. Esta cifra superó por 16 puntos porcentuales el tope permitido por la legislación financiera paraguaya para operaciones con entidades relacionadas.
Entre las empresas beneficiadas se destaca el grupo Hendy, que recibió créditos de Ueno Bank por un valor cercano a los 42 millones de dólares. El desvío encendió alertas debido a que la firma registraba un patrimonio neto negativo e ingresos declarados promedio de apenas 12.000 dólares mensuales.
El 2 de diciembre del 2024, el banco informó públicamente su composición societaria, divulgando todos los nombres. El 88 % de las acciones son propiedad del grupo Vázquez, en tanto el 12 % restante se distribuye entre unos 500 accionistas.
Entre los principales accionistas estaba el actual presidente Santiago Peña, quien en el año 2025, por orden de la Contraloría de la Nación, debió desprenderse de ese capital porque “se consideró incompatible una función con la otra”.
A su vez, Carlos Carvallo, hasta el martes presidente del BCP, y obligado como tal a supervisar al banco privado, había sido previamente directivo de la Financiera Ueno antes de asumir el cargo regulador en 2023.
Para poder operar en el mercado internacional de valores el banco necesitaba capitalizarse. Si bien no existe un documento que pruebe que Peña ordenara pasar fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) —equivalente a nuestro BPS—, el traslado masivo de recursos públicos y jubilatorios a esa entidad durante su gestión es parte del escándalo político que ahora sacude a Paraguay.
El IPS tiene aproximadamente 355 millones de dólares de sus fondos previsionales depositados en Ueno Bank. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene depositados unos 50 millones de dólares.
El grupo Vázquez apenas había aportado unos 20 millones de dólares a esa capitalización. Claramente un banco privado fue fortalecido con fondos públicos. Y ello ocurrió mientras Peña era a la vez presidente de la Nación y accionista del banco.
El miércoles pasado, la Fiscalía imputó a 8 directores del Ueno Bank y a otras 19 personas integrantes de empresas vinculadas al esquema que se investiga tras la resolución de cierre y liquidación. Los delitos que se les adjudican son: conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercios. Solo se solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente del banco; prisión domiciliaria con tobillera para los otros siete directivos de la entidad bancaria y lo mismo para los otros 19 involucrados.
Historia del Ueno
Ueno Bank, antes conocido como Ueno, fue una institución financiera de origen paraguayo que pasó de ser una casa de préstamos en el Mercado 4 de Asunción a convertirse en un actor masivo de la banca digital y tradicional, antes de ser intervenido y disuelto el martes pasado.
El Mercado Municipal N.° 4 es un populoso mercado de frutas, verduras, comestibles en general, tiendas de ropa y restaurantes nacionales e internacionales ubicado en la ciudad de Asunción. Desde allí, el Ueno se proyectó hasta ser el quinto banco privado en importancia con tres millones de clientes en una población total de 6.400.000 habitantes. Es decir, uno de cada dos paraguayos era cliente del banco.
La institución desciende de Financiera El Comercio, fundada en 1976, y de Credicentro, creada en 1981 en el Mercado N.º 4 de Asunción por Víctor Hugo Vázquez, padre de los principales accionistas del Ueno. En el año 2021, el grupo Vázquez adquirió el control mayoritario de Financiera El Comercio y la integró con Credicentro, formando Ueno Holding SAECA.
En noviembre del 2023 obtuvo la licencia de banco comercial y absorbió a Visión Banco a inicios de 2024, ampliando drásticamente su cartera de clientes y su red física y digital.
En este proceso tuvo una activa participación de asesoramiento la filial paraguaya de la consultora uruguaya CPA Ferrere. El objetivo no era solo el proceso de transformación a banco, sino también de otras empresas vinculadas al grupo. Por ejemplo, S.A.E.C.A. (Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto) a S.A. (Sociedad Anónima de carácter financiero), que como tal puede emitir títulos de deuda pública.
El 22 de noviembre del 2023, el BCP autorizó la transformación societaria y le otorgó la autorización para iniciar sus operaciones como banco, proceso que había sido iniciado en diciembre de 2021.
CPA Ferrere asesoró a Ueno en todo el proceso, desde la estructuración de las gestiones para la obtención de las autorizaciones necesarias, tanto del BCP como de la Superintendencia de Valores (SIV), y la recopilación, preparación y organización de la documentación requerida para dichas autorizaciones.
El trabajo de la consultora fue liderado por el socio Carlos Codas y un equipo de profesionales que incluyó a los asociados Maurizio De Oliveira Lagoa, Belén Morel y Kristel Duarte.
Las conexiones entre el Grupo Cartes y el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank
Una investigación del periodista Arístides Ortíz Duarte, publicada en agosto del año pasado por el sitio web de El Prisma, reveló las conexiones que vinculan al expresidente Horacio Cartes con los dueños del Ueno Bank. “Hasta enero del 2021, el grupo Vázquez, dirigido principalmente por Miguel Vázquez (hijo) y Víctor Hugo Vázquez (padre), no estaba en los radares de los medios de comunicación ni de los analistas políticos y económicos del país. Era un actor financiero y empresarial más, pugnando por aumentar sus ganancias”, dice Ortíz.
Agrega que “en la segunda semana de aquel enero, un comunicado oficial de Credicentro —la casa de créditos originaria de Ueno Bank—, dirigido a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, reveló que tenía como accionistas e inversores a connotados miembros del grupo económico liderado por el expresidente Horacio Cartes, incluyendo al actual presidente Santiago Peña.
Las empresas de los Vázquez fueron gradualmente acercándose hacia el centro de la atención política, económica y periodística. Así fueron protagonistas diarios de los medios, sobre todo porque estaban acaparando contratos de licitaciones públicas, compras de bienes y servicios y captación de fondos públicos con el Estado paraguayo, gracias a sus comprobados vínculos comerciales con el presidente Peña, que a su vez es protegido político y reconocido miembro del grupo económico de Cartes.
Cartes y sus aliados tabacaleros en Paraguay fueron señalados, en el 2024, por la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), como responsables de la producción del 67 % de los cigarrillos ilegales que inundan los mercados de los países de Latinoamérica, un negocio ilícito que provoca una sangría tributaria anual a los Estados de la región de aproximadamente 4.825 millones de dólares”, sostiene la investigación periodística.
Asegura, además, que “las sanciones financieras aplicadas en 2023 y 2024 por el Departamento del Tesoro de EEUU a Cartes y a varias de sus empresas afectaron seriamente su inmenso negocio tabacalero, al impedirle hasta hoy realizar transacciones en dólares en todo el mundo, así como prohibía a cualquier banco o empresa del mundo, con amenaza de sanción, que operera financieramente en moneda estadounidense con sus empresas sancionadas. El bloqueo financiero impidió que moviera la incalculable fortuna que amasó con el negocio de los cigarrillos.
El grupo Vázquez, por su lado, creció vertiginosamente en los últimos seis años, sobre todo a partir de 15 de agosto del 2023, cuando Peña asume la presidencia. Hasta el martes era propietario de una red de 23 empresas que operaban en los sectores de servicios financieros, tecnológicos, retail y agropecuario”.
El periodista Ortíz dice que “el 27 de mayo de 2019, Alejandro Gómez Abente, entonces gerente general de Basa Capital, antes conocido como banco Amambay, anunció a través de un medio local la emisión electrónica de bonos, junto con Credicentro, a través de la Bolsa de Valores de Asunción. Los bonos emitidos fueron por un valor de unos tres millones de dólares, que se colocaron rápidamente”. Las emisiones y colocaciones exitosas se reprodujeron en el tiempo.
¿Quién o quiénes compraron los bonos emitidos por Credicentro, originaria de Ueno Bank y ya entonces propiedad del grupo Vázquez?
“El 18 de enero del 2021 se publicó en un medio local parte del contenido de un comunicado formal emitido por los directivos de Credicentro. Comunicaban a la Bolsa de Valores de Asunción que ese año no distribuirían dividendos a sus accionistas por falta de ganancias, a raíz del parón económico provocado por la cuarentena de la covid-19. El comunicado mostraba la lista de sus accionistas e inversores.
En esa lista aparecían varios de los principales gerentes del grupo Cartes y ex altos funcionarios durante el gobierno de Horacio Cartes, en el periodo 2013-2018. Allí estaban el actual presidente Santiago Peña, Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete de Cartes y a la vez miembro de su grupo económico. También aparecieron en la lista Osvaldo Salum, actual gerente general de Palermo SA, propiedad de Cartes, Francisco Barriocanal Jiménez Gaona, exasesor de Cartes, Roberto Moreno Rodríguez, ex procurador general de la República, El último de los accionistas de Credicentro es el exsenador y actual asesor político y económico de Cartes, Víctor Galeano Perrone”, informa la investigación.
Agrega que “pocos en el país saben que Banco Basa es propiedad del grupo Cartes. Y que hacía la cobertura financiera a las muchas empresas del grupo, principalmente a las tabacaleras, hasta que el Gobierno de los EEUU sancionó financieramente, en el 2023 y 2024, a Cartes y sus empresas ya no pudieron operar en dólares.
Y como Peña es protegido político de Cartes y miembro de su grupo económico, no extrañará a nadie que Basa haga negocios financieros con las instituciones públicas del Estado que gobierna Peña.
Sí es extraño que empresas de otro grupo económico, que se supone no tendría vínculos comerciales ni financieros con el grupo Cartes, esté acaparando no solo la captación de fondos públicos, como los certificados de depósito de ahorros o la compra de bonos emitidos a través de la bolsa de valores de Asunción, si no también contratos directos para compras de bienes y servicios y diseños tecnológicos”, afirma finalmente el periodista paraguayo.
¿Por qué Santiago Peña privilegiaría en los negocios del Estado a un grupo económico al que originariamente no pertenece, en detrimento del grupo Cartes, al que sí pertenece formalmente?, es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero podría esclarecerse si el presidente es sometido a juicio político.
Peña es afiliado al Partido Colorado, y específicamente al movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes. Durante la presidencia de éste se desempeñó como director del Banco Central del Paraguay y luego fue ministro de Hacienda entre 2015 y 2017.
En el año 2018 se desempeñó como miembro del directorio del banco Amambay, propiedad de Cartes.
Otras repercusiones
El Ueno Bank había logrado una gran notoriedad pública con importantes acuerdos de patrocinio en el fútbol. Su cierre ha generado una crisis tanto en su país como en toda Sudamérica, ya que era el principal patrocinador de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), de la Selección Albirroja, de clubes como Olimpia y Cerro Porteño, y de la Copa Sudamericana (Conmebol).
Los principales clubes integrantes de la Conmebol, que figura entre los depositantes, evalúan el impacto financiero y los pasos a seguir tras quedar comprometidos los fondos y convenios publicitarios.
En tanto, unos 200 trabajadores de la empresa multimedia VMedia, vinculada al grupo Vázquez, integrada por La Tribuna, Crónica, La Tribu Stream, La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120, fueron cesados de sus funciones y contratos por un plazo de 90 días sin goce de salarios.
“Todos pasan a suspensión por 90 días de contrato laboral, que es el plazo máximo que establece la ley. Eso implica que no van a trabajar ni a cobrar salarios por ese tiempo”, explicó al diario Última Hora el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortíz.
Ortíz señaló que la situación es sumamente grave y que están intermediando ante el Ministerio Público para que garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Varias empresas uruguayas que mantienen contratos de obra pública en diferentes áreas también han sido fuertemente afectadas. Una fuente empresarial, que solicitó reserva de su nombre, dijo que “por orden del Gobierno las facturas al cobro debían de ser presentadas en el Ueno Bank. Ahora nadie sabe quién nos va a pagar, y estamos hablando de muchísimo dinero”.