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La cumbre contra el terrorismo como excusa para avanzar contra Caracas

Se desarrolló en Colombia la III Cumbre Ministerial Hemisférica contra el Terrorismo, un escenario de encuentro que en el fondo sirvió para darle aire nuevamente a la desinflada figura de Juan Guaidó; Mike Pompeo llegó desde el norte a dar la orientación a nivel continental y, aunque la difusa figura del terrorismo ya no convoca con la misma fuerza que a inicios del presente siglo, continúa siendo pretexto para la financiación de operaciones extraterritoriales y la manipulación mediática-política a favor de los intereses del gran capital.

Los medios internacionales registraron la visita de Guaidó a Colombia como “sorpresiva”; el doblemente autoproclamado presidente (de la Asamblea y del país) resultó en Bogotá, no se sabe en qué momento salió de Venezuela ni en qué momento ingresó a Colombia, pero llegó a Bogotá el 19 de enero. La última vez que eso ocurrió, Guaidó resultó involucrado en un escándalo internacional por cuenta de la divulgación de información que demostró que quienes estuvieron encargados de su traslado fueron reconocidos miembros de un grupo armado que actúa en Colombia y que tiene fuerte presencia en la frontera con Venezuela. Este grupo, llamado los Rastrojos, es el responsable de la mayor parte de los actos delictivos cometidos en la frontera, actos que van desde el contrabando de combustible hasta el homicidio, la desaparición y la tortura, es decir, una organización que en cualquier escenario no puede considerarse de otra manera que terrorista.

Mike Pompeo y los representantes de los países reunidos en Bogotá, mayoritariamente los del Grupo de Lima, se juntaron con el fin de analizar los nexos del grupo islámico Hezbollah en Latinoamérica, encontrar mecanismos de combate a la delincuencia organizada y generar propuestas que permitan desmantelar estructuras delincuenciales en la región. La reunión inició con un sentido homenaje a los 22 cadetes que en enero de 2019 murieron durante la explosión de un carro bomba en el interior de la Escuela de Policía General Santander, cuya autoría fue velozmente atribuida al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y posteriormente reconocida por una estructura aislada de dicha organización.

Es bien sabido que el concepto de terrorismo en el hemisferio occidental, desde la resintonización de los gobiernos de Suramérica con la Casa Blanca, es la que desde allí se orienta, pero, sobre todo, estos gobiernos se prestan para el teatro que a nombre de la lucha contra el terrorismo se organiza con el fin de intervenir política y militarmente a favor de los intereses de Estados Unidos.

Pocas semanas han pasado desde que Trump ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, general iraní emblemático y muy querido por su pueblo. Una trampa sacó a Soleimani de Irán para emboscarlo en territorio irakí. Vista con otro lente, esta acción habría sido considerada como un acto terrorista al no tratarse de una baja en combate, sino de un asesinato en un tercer país; sin embargo, el gatillo lo tiró Washington, por lo que la acción queda automáticamente justificada con los medios de comunicación, que tienen como tarea principal lavarle el rostro a ese tipo de acciones ilegales por parte de Estados Unidos.

Por lo tanto, lo que se desarrolló en Bogotá fue el encuentro de una política autista que establece normas para ser cumplidas por otros y que deben ser firmadas por gobiernos cuyo papel se limita a aplaudir, mientras se continúa con los planes de saqueo a nombre de la libertad en Latinoamérica. En Colombia, las FARC, que como organización armada ya no existen, fueron durante décadas los depositarios del paradigma del terrorismo continental. El ELN no tiene la trascendencia que se precisa para reemplazarlos, y las otras organizaciones que actúan en el único país que mantiene un conflicto armado activo son útiles a los planes del Comando Sur, por eso no existe el menor recato en que Juan Guaidó un día pose para una foto con un comandante paramilitar y al día siguiente pose con Mike Pompeo; por esta razón deben importar amenazas terroristas de otras latitudes, porque el catálogo local está agotado.

Pero la realidad continental es bastante compleja a la hora de hablar de crimen organizado. En Bolivia, el gobierno de facto de Áñez ha alentado la creación de grupos paramilitares de corte fascista, que actúan con absoluta libertad atemorizando poblados enteros, persiguiendo miembros de grupos indígenas, agrediendo a mujeres con atuendos autóctonos y amenazando sindicalistas, pero sobre estos hechos no hay mención alguna en la cumbre.

El peor de todos los casos de la doble moral lo pone el país anfitrión de la Cumbre contra el Terrorismo: Colombia lleva un asesinato diario de dirigentes de procesos comunales, indígenas o territoriales a manos de organizaciones que actúan con la mayor libertad posible. En Colombia se encuentran desde el Cartel de Sinaloa hasta grupos paramilitares patrocinados por el ejército y la policía. Hace pocos días se descubrió en ese país caribeño una compleja red de interceptaciones ilegales con recursos del Estado en contra de legisladores opositores, jueces y periodistas, donde estaban involucradas varias instancias del ejército colombiano. Se descubrió que varios miembros activos de las fuerzas armadas contrataron y pagaron cerca de 6.000 dólares para que asesinaran al periodista que dirigió la investigación por esas interceptaciones, y las últimas investigaciones por el carro bomba que mató a los 22 cadetes indican la vinculación de, por lo menos, dos generales activos en los hechos.

Entonces, la cumbre se hizo justo en Bogotá, capital de un país cuyo gobierno está involucrado profundamente con el crimen organizado, para conversar sobre cómo el gobierno de Venezuela –que debe sortear todos los días con las consecuencias de un bloqueo económico y financiero– apoya a Hezbollah, una organización musulmana chií originada en Libia y patrocinada por Irán, que no ha demostrado el menor interés en Latinoamérica en sus casi 40 años de vida, pero que sí ha servido para descalificar los gobiernos progresistas de la región.

Justamente en la vía de fortalecer la presencia militar de Estados Unidos en la región, entre el 23 y el 29 de enero se desarrollará un ejercicio de asalto aerotransportado con la participación de 115 paracaidistas de diferentes unidades norteamericanas. Estos ejercicios de posicionamiento estratégico se sustentan en el discurso de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico; sin embargo, las cifras para los socios norteamericanos no pueden ser más desalentadoras, pues el 70% de la droga que se consume a nivel mundial sale de Colombia.

En conclusión, la cumbre de lucha contra el terrorismo no ha sido más que un costoso ejercicio de lobby político para Juan Guaidó, que a pesar de haberse demostrado que ha dilapidado en corrupción los recursos enviados desde Estados Unidos, en un acto desesperado, sigue siendo patrocinado por la Casa Blanca, y ahora se ha ido de gira por Europa, pese a ser una figura que ha perdido el apoyo hasta dentro de las mismas filas de la oposición venezolana y carece de toda legitimidad interna. Por otro lado el encuentro –junto con la visita de Craig Faller, jefe del Comando Sur– continúa abonando terreno en la vía de consolidar la posibilidad de una incursión militar desde Colombia en suelo venezolano, que, en contraposición, desarrolla en Caracas el Encuentro Mundial Antiimperialista por la Vida, la Soberanía y la Paz.

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