Ahora bien, ingresando en el terreno de la conjetura: qué ocurrirá si la situación sanitaria obliga en las próximas semanas o meses a la adopción de medidas restrictivas e, incluso, a la necesidad de recomendar un nuevo confinamiento masivo de la población. La interrogante no es menor porque la sociedad no soportaría otra vez una disminución dramática de la movilidad social si el gobierno no está dispuesto, como no lo estuvo antes, a implementar algún tipo de renta básica que atienda la situación de los cientos de miles de uruguayos y uruguayas que viven al día y que ya con lo que ha pasado a lo largo del año han caído decididamente en la pobreza y han debido recurrir a ollas populares para poder comer. Sería verdaderamente criminal.
Nadie le puede exigir a un gobierno que renuncie a sus ideas o a sus propuestas de cambio, ni siquiera en el marco de una situación extraordinaria. Al fin y al cabo, el pensamiento y la ideología no se suspenden por las inclemencias de la naturaleza. Pero sí es completamente exigible que iniciativas que, a priori, ya se sabe que provocarán una intensa polémica, que distan de cualquier clase de consenso y que no tienen ni un punto de contacto con la emergencia sobrevenida, se estudien, se discutan en un contexto más amigable para el debate democrático. La decisión del gobierno de enviar una Ley de Urgente Consideración de más de 500 artículos, ninguno de los cuales mencionaba la pandemia y sus consecuencias económicas, sanitarias y sociales, cuando la sociedad estaba en cuarentena ante los primeros casos de coronavirus, fue un agravio a la democracia. Promover una reducción del salario real de los trabajadores públicos en este año no solo ha sido una increíble demostración de fanatismo e insensibilidad, también ha sido un agravio a la democracia. Intentar avanzar sobre las empresas públicas, limitando el monopolio de Ancap o ahora afectando el patrimonio de Antel mediante una ley de medios escrita por los dueños de los canales siempre es una política equivocada, pero hacerlo a la vez que se agrava la situación sanitaria, que se deteriora la calidad de vida de la gente y que está fuertemente desaconsejada cualquier aglomeración, es indignante y es, en mi opinión, antidemocrático. En los próximos tiempos, cuando el movimiento social comience a juntar las firmas para derogar la LUC o se proponga manifestaciones para expresar su rechazo a la política de ajuste, privatización y empobrecimiento, este gobierno no va a dudar en oponer a las causas de los opositores las medidas sanitarias. Si la gente se moviliza, el gobierno va a acusar a la gente de promover la epidemia. Si la gente junta firmas, el gobierno le va a tirar arriba cada uno de los muertos por el coronavirus. Los medios acompañarán ese relato de un gobierno que solo proyecta dos escenarios: una epidemia controlada por sus “méritos” de gestión o una epidemia desatada por culpa de la izquierda, el sindicalismo, los jóvenes en las plazas y la suma de irresponsabilidades de la sociedad que no los vota en los departamentos que no gobiernan.
