El día 9 de cada mes, fecha en la que se publicó la ley (9 de julio), la Coordinadora Anti-LUC lleva a cabo distintas intervenciones, acciones informativas y también de protesta, en Ciudad de la Costa y en Montevideo.
Consenso: «Ir contra toda la LUC»
Más allá de las diferencias en cuanto a las estrategias y mecanismos para luchar en contra de la LUC, hay algo que la Coordinadora Anti-LUC tiene claro y consensuado. «Hay que ir contra toda la ley». «Algunos de los colectivos integrantes consideran que hay que ir por la vía del referéndum, otros que no, y tenemos esas diferencias, pero eso no impide que sigamos avanzando en la lucha», explicó uno de los integrantes.
Al comenzar a dialogar sobre la postura de la coordinadora, que considera que de instrumentarse un referéndum debería ser «contra toda la ley», señalaron que, en términos generales, se trata de una ley «larga, con lenguaje complejo, que se discutió en tiempos muy acotados y que tiene una propaganda efectiva». «Había algunas mujeres que nos preguntaban por qué estábamos en contra de esta ley si en realidad protegía a las mujeres», contó una de las entrevistadas. «A simple vista, hay artículos que pareciera que nos protegen, pero en realidad nos dejan en peores condiciones. Es por eso que se hace necesario ir al hueso de la ley para ver su alcance», agregó.
Para quienes integran la coordinadora, la LUC «es mala por donde se mire» ya que atenta contra derechos de la mayoría de la población. «Creemos que hay que ir contra toda la ley por varias razones. Principalmente, no se puede permitir que una ley que cambia la estructura del Estado y pone en riesgo derechos conquistados se aplique de esta manera y dejar como antecedente que es válido, justo y democrático que aprueben una ley tan larga con plazos tan cortos».
«Todo lo que la ley plantea es malo. La gente no tiene esa visión y si nos ponemos a pensar, hay artículos que podrían ser visualizados positivamente y podría decirse, por ejemplo, que hay avances en los derechos de los animales. Puede que en ese tema se haya dado un paso, pero es necesario analizarlo bien y si es bueno, que se apruebe de otra manera», expresó otra de las integrantes. «El problema principal es que ninguna ley debería estar hecha de espaldas a la sociedad, ni ser planteada sin tiempo para que la sociedad civil pueda leerla y comprenderla. Y menos estar hecha a espaldas de colectivos directamente implicados», agregó. Por otro lado, desde la coordinadora manifestaron que entienden ir solo contra algunos artículos de la ley va en contra de valores históricos del movimiento social. «Las personas de abajo hemos luchado siempre desde la solidaridad y no podemos simplemente ir contra los artículos que nos involucran o tocan de cerca a cada grupo o persona. Hay que ir contra todos porque en algún lugar afectan a trabajadoras, trabajadores, personas que habitan los barrios o estudiantes», dijo una de las mujeres.
«Ir contra ciertas partes de la ley es dejar luchas por el camino», agregó otro integrante. «Hay gente involucrada de distintos palos. Docentes, empleados públicos, colectivos feministas y, en tal sentido, jerarquizar contra qué parte se va a resistir es dejar de lado intereses de otras personas. Si yo trabajo en una empresa pública, quizá lo más negativo para mí no es lo mismo que para alguien que trabaja en la educación o en las cárceles», argumentó otro compañero.
«Si se define combatir contra artículos específicos, qué pasa con las personas en mayor condición de vulnerabilidad que son atacados, como por ejemplo la población carcelaria, y no tienen posibilidad de generar redes ni de luchar o protestar? ¿No miramos sus necesidades?», agregaron.
Las voces consultadas de la coordinadora se mostraron en desacuerdo con parte del movimiento sindical que se encuentra evaluando plantear un referéndum parcial. «Entendemos que esta ley de alguna manera legitima y promueve cosas que ya se venían transitando desde gobiernos anteriores y que por eso pueden existir acuerdos en determinados asuntos. En tal sentido, creemos que hay una parte del movimiento social que no está siendo fiel a los principios de la independencia de clase. No tenemos que consensuar con partidos políticos para ir contra una ley, sino con la gente de abajo».
Opinaron también que se trata de una ley clasista y que una forma de comprobarlo es analizar los castigos aplicados para los diferentes tipos de delitos. «Personas que cometen delitos como rapiña o abigeato no pueden acceder a la libertad a prueba, mientras que para otros delitos como la pornografía, que quedó confirmado con la Operación Océano que son mayormente cometidos por personas de clase alta, si se contempla el recursos. A su vez, esos tipos de delitos, aunque sean sexuales, tienen penas mucho más leves que el abigeato y la rapiña».
Por otro lado, tildaron a la LUC como «punitivista», cuestionando que no apunta a solucionar problemáticas sociales, sino a profundizar la represión y aumentar los castigos. «Si en una marcha tenes la cara tapada, te pueden disparar. La ley no lo expresa de esa forma, pero dice que si una persona no es identificable, se puede habilitar la represión policial. Si la Policía «piensa» que cierta persona tiene un «arma impropia», aunque sea un termo o una piedra, también están habilitados a reprimir. Hay una avanzada dentro de la autonomía de la Policía para resolver situaciones mediante la represión que ataca a la mayoría de la población».
«Es una ley hecha por hombres blancos, heterosexuales y de clase alta. Todo el resto de la población, de una otra forma, es atacado por esta ley», concluyeron.
Pit-Cnt impulsará referéndum contra la LUC
El pasado martes 6 de octubre el Pit-Cnt comunicó la resolución de implementar un referéndum contra la LUC. Para ello, definió la «convocatoria a una Comisión Nacional prorreferéndum con distintas organizaciones sociales y políticas, así como también con instituciones y personalidades que de forma amplia encabecen la recolección de firmas y el posterior plebiscito contra la LUC». Ahora, la Mesa Representativa Nacional Ampliada tiene pendiente «definir una propuesta de acuerdo sobre el contenido a ser plebiscitado, atendiendo a promover los más amplios consensos». Informaron también que en un período de aproximadamente 20 días, el Secretariado Ejecutivo rendirá cuentas a la Mesa «con el objetivo de que a partir de noviembre podamos comenzar con la recolección de firmas». Por otro lado, el 17 de octubre está prevista una reunión de la Intersocial en la que las organizaciones que la integran definirán si acompañan la recolección de firmas.
