El panorama es tan desolador que se afirma que esta semana se tendrían números de muertes similares a las del ataque de Pearl Harbor: «Esta será la semana más difícil y más triste de la vida de la mayoría de los estadounidenses, con toda franqueza. Este será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no será localizado [en una ciudad o estado]» ha dicho Jerome Adams, cirujano general de EE.UU., en una entrevista televisiva con la cadena Fox News, que reproduce la agencia BBC.
Sin embargo, el panorama no es desolador igualitariamente, ni siquiera en sus propias fronteras.
Encontramos en el territorio de los Estados Unidos una población especialmente vulnerable y ella es la que componen las exorbitantes cifras de prisioneros en el lejano vecino del norte.
«Con más de 2,3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el mayor carcelero del mundo. En este extenso y fragmentado gulag, el coronavirus hace estragos; se extiende rápidamente sobre la población carcelaria y traspasa las paredes de la prisión con cada cambio de turno, con la entrada y salida de los guardias y de todo el personal penitenciario», afirma Goodman en su editorial.
Y haciendo foco en la ciudad más afectada por la pandemia, nos dice: «la ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y la cárcel de la isla de Rikers, la más famosa y tristemente célebre prisión de la ciudad, es un caldo de cultivo. Tanto los que se encuentran recluidos allí, como el personal penitenciario describen una cárcel sucia e insalubre, con pocos suministros de limpieza, prácticamente sin equipos de protección personal y con espacios reducidos, que impiden mantener una distancia segura de los demás. La única área equipada para manejar enfermedades infecciosas está llena. Informes recientes indican que 180 prisioneros, 114 guardias y 23 trabajadores de la salud han dado positivo por Covid-19. No cabe duda de que la cifra real es mucho más alta, debido a la gran carencia de pruebas de diagnóstico, tal como ocurre en casi todo el país».
La situación del recinto penitenciario ha sido descrita, nos dice Goodman, por el jefe del equipo médico de la cárcel de Rikers, como “un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos”.
Para paliar los nefastos efectos sobre esta población, el alcalde de la ciudad ha ordenado una liberación limitada para algunos prisioneros, tanto mayores de 70 años, como afectados por enfermedades previas, los dos principales grupos de riesgos identificados a nivel mundial como aquellos sobre los cuales recae una mayor probabilidad de ocurrencia de la enfermedad.
El gesto, aunque loable no deja de ser simbólico «aun así, quedarían cerca de 5.000 personas en el sistema carcelario de Nueva York, principalmente en Rikers. La sede de Nueva York de la organización Legal Aid Society compiló las tasas de infección por Covid-19 en las cárceles de Nueva York y los hallazgos son duros. Calcularon una tasa de infección del 3,91%, ocho veces mayor que en la ciudad de Nueva York, y más de nueve veces mayor que en la azotada región de Lombardía en Italia».
La única opción para estos hombres sería la libertad, pero ello no está ocurriendo, se siguen enviando prisioneros a Rikers, si no los liberan, a dicho Tina Luong, abogada de la organización de defensa penal Legal Aid Society «Cualquier otra medida será insuficiente y llegará demasiado tarde”.
El panorama que se describe para que los prisioneros de Rikers puedan acceder a medidas de protección es dantesco: «existe una forma en que los reclusos de Rikers pueden acceder al equipo de protección: el medio The Intercept ha informado que se les ofrece seis dólares la hora junto con el equipo… si aceptan cavar fosas comunes en el cementerio público de la ciudad de Nueva York situado en la isla Hart», describe Goodman en su columna semanal.
En entrevista concedida para Democracy Now!, el Dr. Homer Venters, ex director médico del área de salud del Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York, había declarado hace ya una semana: “La historia de Rikers es la historia de las 5.000 cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes de todo el país. La principal prioridad es la liberación. Debemos sacar a la gente de estos lugares, particularmente la que corre graves riesgos de salud que pueden llegar a la muerte. Tenemos que asegurarnos de que las personas que todavía están tras las rejas tengan acceso hoy mismo a una atención de nivel hospitalario cuando se enfermen. Tenemos que evitar la tentación de usar el confinamiento como una intervención de salud pública. No lo es”.
A pesar de esta afirmación fundada en el conocimiento y experticia de quien la asevera, ha sido justamente el confinamiento la medida impuesta por la Agencia Federal de Prisiones el 1 de abril, provocando con ello el enclaustramiento de los 176.000 prisioneros federales en sus celdas durante al menos dos semanas.
A la situación de las prisiones se le adiciona la situación de los llamados centros de detención de inmigrantes.
En esta situación existen, de acuerdo a datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas más de 39.000 personas.
John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Barack Obama, ha dicho: “Los centros de detención de inmigrantes son realmente vulnerables ante el brote de una enfermedad contagiosa. Es realmente imposible practicar el distanciamiento social que todos estamos realizando en este momento. Entonces, cuando se observa la población de estos centros de detención y se reconoce que realmente solo un pequeño porcentaje representa una amenaza para la seguridad pública, cuando se reconoce que los procedimientos de inmigración podrían continuar incluso si estas personas no están bajo custodia, y cuando se observa a los miles de oficiales de inmigración, guardias contratados y empleados que tienen que ir a esas instalaciones todos los días, que francamente corren el mismo riesgo [que los retenidos] de contraer Covid-19, por su exposición a los mismos centros, me parece de sentido común decir que debemos reducir drásticamente la población de los centros de detención, debemos liberar a estos individuos”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, no precisa, nos informa Goodman, de la aprobación del presidente Donald Trump ni de ninguna orden judicial, para liberar a sus prisioneros, dispone de la autoridad unilateral para hacerlo, pero no lo ha hecho.
Al finalizar su columna Amy Goodman señala, luego de describir el panorama general del encarcelamiento en los Estados Unidos de hoy, la única acción sensata, humana y posible: «En un exhaustivo informe publicado la semana pasada, la agrupación Prison Policy Initiative enumera la compleja red de centros carcelarios que ahora alberga a 2,3 millones de personas en Estados Unidos: “1.833 prisiones estatales, 110 prisiones federales, 1.772 correccionales penitenciarios juveniles, 3.134 cárceles locales, 218 centros de detención de inmigrantes, 80 cárceles de las naciones indígenas, cárceles militares, centros de compromiso civil, hospitales psiquiátricos estatales y cárceles en los territorios de Estados Unidos”. El informe indica que el 75% de las personas recluidas en las cárceles locales, incluida la de Rikers, no han recibido aún condena, sino que simplemente permanecen encarceladas a la espera del juicio porque no pueden pagar la fianza. La agrupación Prison Policy Initiative también informa que 200.000 personas por semana ingresan al sistema, y una cifra similar sale de él.
Solo se podrá aplanar la curva de la pandemia de Covid-19 mediante una acción colectiva masiva. El presidente Donald Trump, los 50 gobernadores estatales y las autoridades locales deben liberar a la mayor cantidad posible de personas encarceladas, rápidamente. Para ello, todos debemos ejercer presión social».
