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A esta altura, Luis Lacalle Pou no justificaría un análisis político tradicional. Su obstinación contra la evidencia seguramente obedece a cuestiones profundas de su personalidad que escapan a la comprensión de legos, pero como es el presidente de la República y sus acciones u omisiones impactan sobre la vida de los orientales, no hay otra que interpretarlo y debatir sobre sus actos.
En la conferencia del pasado miércoles, el presidente ratificó su decisión de no tomar ninguna medida adicional para reducir la movilidad, salvo mantener la suspensión de la presencialidad en la educación, medida de la que tampoco se hace completamente cargo y no pierde la oportunidad de recordar que es resorte exclusivo de la ANEP, a fin de cuentas un organismo del 220 que goza de autonomía.
Ese mismo día, la covid le respondió al presidente con casi 4.000 casos y un 30% de positividad, rompiendo el récord en ambos rubros y demostrando fehacientemente que las escasas medidas que había tomado hace dos semanas fracasaron en toda la línea. El aplanamiento de la curva que deliraban el director General de Salud, Miguel Asqueta, o el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, intoxicados por los miasmas que emanan de la Torre Ejecutiva, no solo nunca dio señales de concretarse, sino que, por el contrario, Uruguay se transformó en 15 días en el país con mayor cantidad contagios por millón de habitantes del mundo e ingresó en la selecta lista de los diez países con mayor cantidad de muertes.
No conviene ahora retroceder hasta marzo del año pasado para desentrañar por qué la estrategia de la libertad responsable siempre fue un disparate, aunque durante los primeros meses la incidencia de casos se mantuvo bajo control, no gracias a las prédicas liberales de las autoridades, sino a un confinamiento en los hechos que operó durante un montón de tiempo sin un solo apoyo del Estado. Fue la cuarentena masiva e inmediata a costa de los bolsillos de la población la que logró impedir que la epidemia avanzara con la velocidad que lo hizo en otros países, pero tuvo un costo social inmenso. Y por eso siempre hay que rechazar esa ficción instalada en nuestro territorio de que alguna vez durante toda la pandemia fuimos los mejores de la clase. En todo caso, lo fue la gente, pero no el gobierno. Ni el mundo lo miró así ni lo hubiese sido aunque lo aplaudieran todos los neoliberales de la Tierra. Uruguay es el país que gastó menos en el continente (y uno de los que menos gastó en el mundo) para contener el desastre social provocado por esta epidemia y, por tanto, siempre estuvimos entre los países cuyos gobiernos dieron muestras de mayor insensibilidad.
No conviene ahora mirar hacia atrás, porque la tragedia está sucediendo ahora, en tiempo real, y su proyección es exasperante. No está claro si todos coincidimos en la dimensión de lo que está ocurriendo, pero la necedad de Lacalle Pou, su intransigencia absoluta, su fundamentalismo del ajuste, ya costaron un montón de vidas y van a costar todavía muchas más. Detrás de su indolencia, se agazapa la más imperdonable de las muertes: la evitable.
Lo único que puede impedir que esta tragedia sea cada día peor es un acuerdo nacional de todos los que se dan cuenta de que el presidente está cometiendo un error garrafal, un crimen contra la sociedad que no se puede justificar por cálculos políticos ni por ideologías que pregonan el Estado mínimo y la supremacía del mercado. Todos sabemos que el presidente está solo en su camino: no tiene el respaldo técnico de la comunidad científica, ni siquiera en la cúpula del Grupo Asesor Científico Honorario, que se ha cuidado siempre de no contradecirlo demasiado. No tiene el respaldo técnico de los médicos y las médicas, no tiene el respaldo técnico del ministro de Salud Pública, que siempre ha estado a favor de medidas más drásticas, pero tampoco tiene el respaldo de sus socios de la coalición. Los acólitos que saltan a defender su estrategia de no hacer nada, de encomendarse a la libertad individual total, son un pequeñísimo número de legisladores de su sector, devenidos trolls en redes sociales, convertidos en provocadores profesionales, capaces de decir cualquier cosa, como la senadora Graciela Bianchi, que es el referente patológico que le permite al presidente su soledad. Ni Julio María Sanguinetti ni Guido Manini se van a inmolar defendiendo este delirio.
Ellos, especialmente, los líderes de los socios de la coalición que saben que lo que está haciendo el presidente es un disparate tienen una enorme responsabilidad y deben elegir una trinchera en esto, que ya es una lucha por la vida. O hacen causa común con la sensatez: con la ciencia, con los médicos, con la oposición, y buscan un cambio de rumbo, severo e inmediato a esta película de muerte, o les va a caber la misma responsabilidad. La historia no les va a permitir despegarse en el momento exacto para no ser vistos como la causa de la debacle y poder quedarse con los despojos.
La consigna hoy debe ser salvar la vida de los tantos y tantas compatriotas a los que la desidia del presidente está condenando a muerte porque la soberbia no le permite bajarse del pony.