Según la acusación, la empresa prometió a Lula en el año 2010 un total de 64 millones de reales (U$S 16,5 millones), dinero que según la Fiscalía iría a las arcas del Partido de los Trabajadores (PT).
Una de las contrapartidas que pedía la empresa era que el estatal Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) aumentara un préstamo millonario concedido a Angola.
Después de que se concediera ese préstamo, la constructora brasileña, que había sido contratada por el país africano para ejecutar obras de infraestructura, se embolsó parte de los valores aportados por el banco.
El expresidente brasileño está preso en Curitiba (sur del país) desde el 7 de abril de 2018 por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la recepción de un apartamento de manos de la constructora OAS, a cambio de favores dentro de la trama de Petrobras.
Esta semana la Fiscalía se mostró favorable a Lula que pase a régimen semiabierto, dado que ya transcurrió un sexto de la condena, que tras varias decisiones judiciales ahora es de ocho años y diez meses.