El documento indica que persisten las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos. Agrega que el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema sería todavía mayor sin las medidas implementadas por los gobiernos para transferir ingresos de emergencia a los hogares. Los gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron al 49,4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas. Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37,2% de la población.
“La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena.
Por ello, la CEPAL insta a garantizar la protección social universal como pilar central del Estado de bienestar. Precisa que, en el corto plazo, es necesario implementar o continuar las transferencias de emergencia propuestas por la Comisión: ingreso básico de emergencia (IBE), bono contra el hambre e IBE para mujeres; mientras que en el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes y apostar por sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social, incrementando su cobertura, como componente central de un nuevo Estado de bienestar.
También llama a avanzar hacia nuevos pactos sociales y fiscales para la igualdad en tiempos de pandemia, y a garantizar la salud, la educación y la inclusión digital, para que nadie se quede atrás.
“El llamado de la CEPAL a un nuevo pacto social está más vigente más que nunca: la pandemia es una coyuntura crítica que redefine lo que es posible, y abre una ventana de oportunidad para dejar atrás la cultura del privilegio”, afirmó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.
De acuerdo al documento, se espera que la desigualdad del ingreso total por persona aumente en 2020, dando lugar a un índice de Gini promedio un 2,9% más alto que el registrado en 2019. Sin las transferencias realizadas por los gobiernos para atenuar la pérdida de ingresos laborales, cuya distribución tiende a estar concentrada en los grupos de ingreso bajo y medio, el aumento esperado del índice de Gini promedio para la región habría sido del 5,6%.
El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%). Agrega que la caída generalizada del empleo y la salida de la fuerza de trabajo ha afectado con mayor intensidad a mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, jóvenes y migrantes.
El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad. Destaca que la pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Por esto, advierte, “es urgente invertir en este sector para enfrentar la crisis, garantizar el derecho a cuidar y a recibir cuidados, así como reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y desarrollo sostenible”.
Por ello, la CEPAL insta a avanzar hacia una sociedad del cuidado que permita garantizar una recuperación igualitaria y sostenible en América Latina y el Caribe.