Sin embargo, hay que hacer una lectura fina de estos desmarques porque incluyen, en el caso del Partido Colorado y Cabildo Abierto, una notoria disconformidad sobre la marcha de la coalición, ya que resulta evidente para ellos y para todos que el gobierno es prácticamente una unipersonal sin ningún espacio de diálogo político entre sus socios. Lacalle Pou trata de gobernar solo y apenas requiere del resto de los sectores para garantizar la mayoría de los votos en el Parlamento. Pero las consecuencias políticas y económicas de su cerrazón la van a pagar todos como un gran combo de compuestos de indistinguibles y el fin de la popularidad del presidente, que se avecina tan pronto como el fin de la pandemia, siempre y cuando lleguen vacunas y se apliquen, o el agravamiento de la situación social y económica los va a arrastrar a todos. Los datos de la última encuesta de Factum muestran a las claras que en todos los rubros que hacen a la economía la evaluación ciudadana es francamente negativa para el presidente, pero también para el resto de la coalición que conforma el gobierno. En los únicos rubros que la valoración neta es positiva es en seguridad, afectado por una disminución del delito muy vinculado a la enorme caída de la movilidad social que se registró durante 2020 y al completo blindaje mediático, y en la gestión de la emergencia sanitaria que, con todo, ha caído 40 puntos en evaluación, toda vez que los casos y las muertes se han ido acumulando, de las vacunas, ni noticias, y el apoyo a la sociedad que sufre las consecuencias de la caída de la actividad económica ha sido nulo: por el contrario, se redujo el salario real, se aumentaron impuestos y dos veces se aumentaron las tarifas.
La propuesta convergente, aunque no concertada, tímidamente keynesiana de los socios de la coalición, de Juan Sartori y de otros protagonista de la derecha uruguaya puede ser una buena noticia porque marca el final del sustento político de este programa económico pletórico de insensibilidad social, y seguramente encuentre en la oposición bastante respaldo a muchas de las medidas que se sugieren, ya que la izquierda viene planteando propuestas en este sentido desde el principio de la pandemia, aunque con otra autoridad moral: conviene no olvidar que el Frente Amplio anticipó que esta política económica iba a tener las consecuencias de empobrecimiento que está teniendo y no apoyó el ajustazo que los otros respaldaron con sus votos en amabas cámaras y con elogios y aplausos.
La coalición tiene fecha de vencimiento; siempre la tuvo. Este año será, además, crítico porque arranca con una juntada de firmas que avanza a una velocidad impensada: solo en el mes de enero, que es el mes menos proclive a la militancia, se reunieron 100.000 firmas. El número es tan inesperado y alucinante que los voceros del gobierno se han tenido que decidir a militar la Ley de Urgente Consideración porque saben que está en riesgo alto y saben que si llega a un plebiscito, se cae, y si se cae la LUC, que era el programa secreto del herrerismo, ¿qué más les queda? Si no tienen nada bueno que mostrar, ni una promesa que no hayan incumplido: con la caída de la LUC se les cae toda la estantería y lo que viene después es un tránsito amargo sin apoyos en el sistema político y sin ninguna perspectiva electoral. Después se pasarán veinte años justificando su fracaso con la pandemia.
