En este sentido, no podemos adjudicar a Lacalle Pou impericia o inadvertencia por no tener ni idea de lo que se venía. Pero lo que resulta insólito y reprobable es que semejante perturbación del mundo, comparable a la llegada de una invasión extraterrestre, no le mueve ni un poquito la agenda de su ansiedad. En los cincuenta días que lleva su gobierno más de 100.000 personas fueron a seguro de paro, se multiplicaron la pobreza y el desempleo, la sociedad entera se tuvo que confinar, los niños y los jóvenes dejaron de concurrir a clases, florecieron las ollas populares, se cerraron las fronteras de casi todos los países del mundo, el petróleo perforó la barrera del cero, la economía del planeta se contrajo más que nunca en la historia y, ante la catástrofe, el presidente que vive en el ensueño de un mundo que ya no existe, insiste con una ley fabricada en el Pleistoceno de la realidad. Es como un obstinado fabricante de chancletas en una glaciación.
La ley de urgente consideración que ingresa al Parlamento no es urgente. No lo era antes, cuando no había ninguna urgencia, y no es urgente ahora cuando, por el contrario, sí estamos inmersos en una emergencia nacional para la que esta ley no ofrece absolutamente nada. Al enviarla, el Poder Ejecutivo sumerge a la agenda política en una discusión disociada de lo que está ocurriendo y se priva de utilizar ese instrumento legislativo por los próximos 90 días, cuando lo puede necesitar como el aire y el agua. Debe ser el único caso en el mundo de semejante disonancia.
Si la ley es preocupante por su contenido, que desarma instituciones del Estado, facilita el lavado de dinero, introduce una doctrina represiva que se da de bruces con los tratados internacionales de derechos humanos, abre la puerta a la privatización de empresas públicas, restringe derechos sindicales, entre otras regulaciones regresivas; si la ley es indignante por su carácter inconstitucional de urgencia, abusando de un instituto para meter todo un proyecto de país en una sola norma que debe discutirse a velocidad crucero y se aprueba por defecto; la ley de urgencia es criminal, porque revela hasta qué punto al gobierno le importa nada las consecuencias tremendas de la epidemia sobre la vida de la gente. Es una ley escrita en otro tiempo, que prueba que este gobierno no va a apaciguar su ánimo neoliberal ni siquiera ante un imponderable siniestro. Lacalle es ese tipo capaz de ir a cobrar deudas a un velatorio porque carece de cualquier noción de empatía.
Hay una sensación equivocada en el gobierno y en una parte de la sociedad de que la pandemia es una realidad de otros que nosotros hemos derrotado. Solo así puede entenderse que persistan en ignorarla como elemento demarcatorio y determinante de todo lo que viene.
¿Cómo va a actuar la oposición en estas circunstancias? La mitad de los senadores del Frente Amplio no pueden participar del debate de la ley de urgente consideración porque están dentro de la población de riesgo que no debe salir de su casa. Las organizaciones sociales no pueden organizar movilizaciones. Cuando la ley se apruebe, en mitad del invierno, las firmas para derogarla habrá que juntarlas por videollamadas, cuando los números de los hospitales nos muestren la capacidad arrasadora de esta pandemia y ni los más valientes se atrevan a pisar la vereda.
