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El presidente Lacalle Pou ve como su imagen se deteriora con la lluvia de problemas que su gobierno debió atravesar en los últimos meses, por eso hace lo imposible para que la crisis del agua no lo afecte directamente.
Los asesores de imagen le advierten que no se involucre mediáticamente en el tema y Lacalle procura complacerlos pero la gravedad de la situación hace imposible que las repercusiones no lo manchen.
Lacalle Pou no recibió a los intendentes de Montevideo, Carolina Cosse, y Canelones, Yamandú Orsi, para no mostrarse en las fotos ni permitirles a los jefes comunales opositores que queden registrados junto al presidente buscando soluciones para un problema tan grave para los uruguayos.
Su ausencia en esa reunión, a la que también asistió el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, fue muy cuestionada desde el Frente Amplio porque se consideró un desplante para los jefes comunales principalmente afectados por la crisis.
“Pensé que iba a estar el presidente de la República o, por lo menos, alguno de sus secretarios”, expresó Orsi en una rueda de prensa mostrando su sorpresa.
Lacalle se mostró mucho más duro con la intendenta Carolina Cosse, quien hizo público un mensaje que le envió por teléfono poniéndose a disposición para colaborar con el gobierno y proponiendo 20 medidas para paliar la compleja situación que enfrenta el país.
El gobierno pretende defender el argumento de que este problema climático se arrastra desde 2020, y se presenta como una situación “sin precedentes” desde que Uruguay tiene registros (comienzos del Siglo xx).
"La falta de agua, que primero se sintió en el sector agropecuario, impacta ahora también en el suministro de agua potable en algunas zonas del país", dicen desde el oficialismo, mientras que desde el Frente Amplio se acusa al gobierno de no haber tomado los recaudos necesarios para evitar que esto llegue a mayores.
El FA pidió desplazar de sus cargos a los titulares de la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) a raíz de la crisis hídrica que afecta al país, después de que los ministros de Salud y Ambiente acudieran al Parlamento a dar explicaciones.