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La estabilidad en estos niveles adquiere un carácter problemático cuando se observa que la indigencia aumentó de 1,5% a 1,7%.
Los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril de 2026 ofrecen una
Los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril de 2026 ofrecen una radiografía compleja de la situación social en Uruguay. Durante 2025, la pobreza alcanzó al 16,6% de las personas y al 13,2% de los hogares, lo que representa una leve mejora respecto al 17,3% registrado en 2024. Sin embargo, esta aparente estabilidad —con una moderada tendencia a la baja— plantea un interrogante de fondo: ¿puede considerarse positivo un escenario donde la pobreza se mantiene en niveles elevados y persistentes?
En efecto, la estabilidad en estos niveles adquiere un carácter problemático cuando se observa que la indigencia aumentó de 1,5% a 1,7%, evidenciando que los sectores más vulnerables enfrentan un deterioro en sus condiciones de vida. En términos absolutos, aproximadamente 578.665 personas no logran cubrir el costo de la canasta básica total, lo que da cuenta de la magnitud del desafío.
A nivel territorial, las brechas también son significativas. Montevideo presenta una incidencia de pobreza del 18,7%, por encima del 15,3% registrado en el interior del país. Estas diferencias reflejan desigualdades persistentes en el acceso a oportunidades, servicios y empleo.
Uno de los aspectos más críticos es la denominada “infantilización de la pobreza”. Los menores de 18 años concentran los mayores niveles de incidencia, particularmente en las primeras etapas de la vida, consolidando un problema estructural que compromete el desarrollo futuro del país. A esto se suma una marcada desigualdad de género: los hogares con jefatura femenina representan cerca del 70% de los hogares en situación de pobreza.
Este panorama se complementa con los datos más recientes sobre distribución del ingreso, que refuerzan la idea de una estabilidad que no necesariamente implica mejora sustantiva. El coeficiente de Gini se ubicó en un rango aproximado entre 0,404 y 0,427, mostrando una estructura prácticamente similar a la del año anterior. Si bien puede observarse una leve reducción, la desigualdad se mantiene elevada: el 10% más rico de la población percibe más de 12 veces los ingresos del 10% más pobre.
Asimismo, persisten diferencias territoriales en la distribución del ingreso, con departamentos como Montevideo, Salto y Canelones registrando niveles más altos de desigualdad. A nivel agregado, tampoco se ha logrado retornar a los niveles de menor desigualdad observados antes de la pandemia, lo que evidencia una persistente concentración del ingreso.
En este contexto, resulta relevante recordar que la pobreza —y en particular la pobreza infantil— fue uno de los temas de mayor centralidad en la campaña política reciente y en los compromisos asumidos por el gobierno. Asimismo, ha sido destacada como prioridad en distintas líneas de acción, incluyendo la orientación del diálogo social y la exposición de motivos del presupuesto nacional. Sin embargo, los datos actuales sugieren que, más allá de los esfuerzos y definiciones estratégicas, la pobreza mantiene un carácter estructural, en un contexto donde la desigualdad tampoco muestra mejoras sustantivas.
Esto abre una serie de interrogantes necesarios: ¿cómo se evalúan las medidas implementadas?, ¿qué alcance real han tenido?, ¿en qué medida han logrado modificar la distribución del ingreso y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables? y, sobre todo, ¿qué alternativas pueden considerarse frente a resultados que muestran avances limitados?
La lectura conjunta de pobreza y desigualdad exige ir más allá de la variación porcentual y considerar la calidad del cambio. La estabilidad, en este caso, no necesariamente implica progreso, sino más bien la persistencia de un problema que no logra ser revertido en su dimensión estructural.
En este sentido, el desafío para la política pública no es solo reducir la pobreza en términos agregados, sino también intervenir sobre los mecanismos de distribución del ingreso, generando condiciones más equitativas y sostenibles. Sin este enfoque, la mejora en los indicadores generales difícilmente se traduzca en una reducción real y duradera de las desigualdades.
Los resultados invitan a una revisión crítica de las estrategias en curso y a la necesidad de profundizar en políticas más efectivas, integrales y sostenidas en el tiempo, capaces de generar cambios reales en la vida de las personas.