Por otro lado, hizo referencia a las consecuencias que genera el hecho de que existan convenios que aún no fueron firmados, ya que la mayoría están adjudicados a las organizaciones por un procesos licitatorio que se realizó el año pasado. Sin embargo, solo algunas organizaciones firmaron y recibieron el adelanto de las partidas. «Ese vacío en la firma de algunos convenios determina que se reciban las partidas trimestrales que hacen posible la gestión de los centros. Esas partidas son destinadas al pago de la alimentación de la población que hace uso del programa, a insumos de la cotidianeidad, a la cobertura de las emergencias móviles, al pago de alquileres, de tarifas publicas, al mantenimiento de la infraestructura de los centros y al pago de los salarios de trabajadoras y trabajadores», detalló.
«Tal es la desfinanciación, que existen trabajadores que hace más de dos meses que no reciben su salario y ven comprometida su posibilidad real de ir a trabajar y sostener la vida diaria», contó Orges.
Los centros 24 horas, que fueron abiertos en la situación de emergencia sanitaria, están experimentando una situación similar. «La realidad es que las autoridades, a través de compras directas, convocaron a distintas organizaciones para que llevaran adelante la gestión de estos centros y eso está funcionando desde abril, pero como las organizaciones no han recibido el pago por esos servicios los equipos de trabajo tampoco. En tal sentido, esta peligrando la continuidad de la atención, así como la calidad».
La trabajadora hizo énfasis en que el impacto fundamental de esta situación recae sobre la población que hace uso de estos programas. «De seguir así, va a haber una perdida de la planificación de estrategias de intervención y del acompañamiento en las salidas de las situaciones de calle. Se va a coartar el acompañamiento psicológico y el apoyo de los procesos individuales de los usuarios en la medida que se precariza cada vez más la calidad de la atención en los distintos proyectos».
Al momento, la única noticia que han tenido los equipos de trabajo por parte de las autoridades del Mides, es algún correo electrónico indagatorio sobre la posibilidad de autogestión de las usuarias y los usuarios de los programas, sobre las capacidades de los trabajadores de sostener su vida frente a la pérdida del empleo o con consultas especificas sobre la cantidad de horas y puestos laborales en los centros».
Consultada sobre la lectura que los equipos de trabajo realizan respecto a las intenciones de esos correos electrónicos, la respuesta deja al descubierto la sensación de incertidumbre e inestabilidad que transitan los equipos de trabajo de territorio. La pérdida de la fuente laboral y el fin de la atención a miles de personas en situación de calle se hace sentir. La hacen sentir.
Campaña «Mides asfixia»
Como complemento informativo previo a la movilización, en estos días Sutiga difundió una campaña de imágenes y material audiovisual que expresa algunos de los motivos del conflicto: «Hay 800 trabajadoras y trabajadores de refugios y centros 24 horas de Mides que están sosteniendo los proyectos en base a su compromiso y sin cobrar sus sueldos», «La mayoría de los centros 24 horas del Mides están sin firmar convenios licitados en 2019», «Desde el 26 de abril no se han recibido partidas de dinero para el funcionamiento ni para los pagos del salario en la mayoría de refugios y centros 24 horas del Mides».
También circuló un audiovisual, que bajo el titulo «Mides asfixia», relata algunas de las situaciones mencionadas anteriormente y agrega otras. Cuenta, por ejemplo, que «casi 1500 personas beneficiarias del programa calle del Mides están recibiendo una atención de menor calidad» y se preguntan hasta cuándo el Mides va a seguir jugando con los derechos de los más vulnerables, precarizando a trabajadoras y trabajadores de los programas sociales, a la vez que cuestionan el tipo de políticas que está queriendo implementar la nueva administración.
