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Este lunes el Movimiento de Participación Popular le propuso a la bancada del Frente Amplio un conjunto de Proyectos de Ley que buscan enfrentar la crisis sanitaria,social y económica.
Se trata de medidas concretas en el área de la salud, la vivienda, la promoción de las micro y pequeñas empresas, el empleo y la formalidad y medidas que atiendan la situación de los pequeños comercios y en particular los de las ciudades de frontera y la emergencia turística.
El documento elaborado por la agrupación política explica que la intención del proyecto es atender «problemas que la mayoría de nuestros compatriotas sufren día a día y que no han sido contemplados en las medidas tomadas por las autoridades nacionales».
Estas medidas, que se comunicaron en una conferencia de prensa protagonizada por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro “Pacha” Sánchez y la diputada del mismo sector Lucía Etcheverry, serán presentadas este miércoles en una reunión de bancadas que realizará el Frente Amplio, y posteriormente ante el Parlamento.
Las propuestas
Las primeras iniciativas están orientadas a brindarle apoyo directo a las familias uruguayas mediante la creación de una «Canasta Transitoria de Servicios Básicos», como energía, agua y conectividad. Esta medida sería de carácter transitorio (hasta los 90 días posteriores al período de vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria) y para los hogares de menores ingresos.
También se planteó suspender hasta 90 días posteriores al cese de la emergencia nacional sanitaria, los desalojos de viviendas y asentamientos para familias de menores ingresos o que se encuentren en seguro de desempleo.
Además, se propuso establecer un tope al incremento de los precios de los productos que integran la canasta básica de alimentos y actualizarlo mes a mes en función del incremento de los salarios.
Por otro lado,con el objetivo de reactivar la economía, se sugiere la promoción de generación de nuevos empleos, así como la extensión y ampliación del seguro de desempleo.
«Proponemos un proyecto que extiende la cobertura del seguro de desempleo (seguro de paro) durante el estado de emergencia nacional sanitaria hasta ocho meses en casos de despido, (anteriormente seis meses); y a seis meses en el caso de suspensión total, (anteriormente cuatro meses); y reduce a seis meses el período a esperar para recibir nuevamente el seguro de desempleo, (anteriormente doce meses), a los efectos de que pueda ser una herramienta de mayor cobertura para los trabajadores de nuestro país», explica el documento.
En el área de la salud, proponen certificaciones médicas sin descuentos durante la pandemia, fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud, y la continuidad y disponibilidad de las prestaciones de salud durante la emergencia sanitaria.
Asimismo, plantean un acceso equitativo a CTI independientemente de la mutualista del usuario, garantizando la mejor utilización de estos recursos en función de las demandas y el área geográfica y no en función de la prestadora de salud del paciente.
Otra de las iniciativas es extender el registro del personal de la salud hacia trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas en instituciones privadas de asistencia médica, como personal de casas de salud y residenciales de ancianos, quienes no están contemplados en el registro actual, pero se encuentran expuestos al COVID-19.
El MPP también propone «ahondar en la elección por concurso de las funciones de alta conducción de ASSE como continuación y profundización en el proceso de modernización de las funciones del mismo». Es decir, que la dirección de los hospitales se elija a través de un concurso, buscando combinar idoneidad técnica con la política de gestión y aumentando la transparencia en la estructura de ASSE.
El proyecto de ley también recomienda atención, promoción y estímulo de las micro y pequeñas empresas. La agrupación entiende que «son la principal fuente de empleo de nuestro país y sin embargo no han sido suficientemente contempladas en las principales medidas que se han tomado por parte del Gobierno».
En tal sentido, las medidas orientadas a pequeñas y medianas empresas buscan, por ejemplo, evitar que el atraso transitorio en el pago del alquiler implique el cierre total de dichas empresas, suspendiendo los desalojos y lanzamientos en locales con fines a industria o comercio para micro y pequeñas empresas, durante el tiempo en que dure y hasta 90 días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Asimismo, se promueve la remisión de Tributos y Contribuciones Especiales Seguridad Social a las pequeñas empresas, así como desgravar con los aportes patronales a estas pequeñas empresas durante el periodo que dure la emergencia sanitaria.
Por otro lado, el proyecto proponemos una ley que Declare la emergencia turística e implemente un fondo «para atender las diferentes medidas que propicien la subsistencia y reactivación de un conjunto de emprendimientos que se encuentran al borde del colapso». También se plantea la reactivación del Turismo Social, teniendo como ejes el Turismo como Derecho Humano y la promoción de Turismo Interno.
A modo de anteproyecto de Ley, se propone la obligación de escrituración de los contratos de préstamo a las cooperativas para la construcción, cuando ya se han aprobado los préstamos. Asimismo, de realizar sorteos para concretar proyectos.
Con respecto a la violencia de género, plantean que, a partir del Fondo COVID, se activen políticas públicas para la generación de empleo para mujeres, en el entendido de que se trata de una población económicamente activa afectada especialmente por la pandemia, que deriva en la pérdida de su autonomía y el incremento.