A horas de las elecciones primarias que Argentina celebra este domingo, el juez descartó que hubiera elementos de prueba contra los gendarmes y señaló que nadie hubiera podido socorrer a Santiago Maldonado, "ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamo".
En las aguas del Río Chubut "quedo su cuerpo atrapado, enganchado en el ramaje subacuático denso, que lo mantuvo inerte y oculto durante el tiempo necesario para que, luego de su descomposición natural interna, superara la presión y la fría temperatura del agua, hasta que se produjeran los cambios de clima", describió el magistrado.
De tal manera, "al no advertirse la existencia de ninguna acción humana penalmente relevante que guarde estricta relación con esos sucesos, y con motivo de los sobreseimientos totales y definitivos que se ordenan, debo disponer el cierre concluyente y el consecuente archivo de la totalidad de estas actuaciones y de todos sus trámites accesorios", concluyó el juez en su fallo.
Asesinado en Chubut
Maldonado, un tatuador de 28 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 durante un violento desalojo de la Gendarmería de una protesta de la comunidad indígena mapuche Lof en Resistencia, en tierras del grupo Benetton situadas en Chubut que son reclamadas como propias por los pobladores originarios.
La desaparición del joven generó gran conmoción pública en todo el país y fue uno de los asuntos álgidos de las elecciones legislativas que se celebraron ese año, con acusaciones de que había sido asesinado y que agentes del Estado ocultaron su cuerpo, lo que suponía un crimen de desaparición forzada.
El cadáver de Maldonado finalmente apareció el 17 de octubre en el río Chubut, atrapado en un ramaje, cerca del lugar donde se lo vio con vida por última vez.
La autopsia, de la que participaron 55 peritos, concluyó que Maldonado "falleció por ahogamiento en las aguas del río Chubut, coadyuvado por hipotermia".
El caso, en un país en el que la desaparición forzada fue una política de Estado de la última dictadura militar (1976-1983), se convirtió en una de las situaciones más controvertidas de la gestión del Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
(Sputnik)
