Argumentos de la demanda
El escrito judicial presentado, al que accedió Caras y Caretas, destaca que las declaraciones de Tuana no refirieron a la autoridad policial ni a la gestión del Ministerio del Interior, sino a políticas sociales cuya rectoría corresponde al Ministerio de Desarrollo Social.
Entre los principales agravios expuestos la defensa menciona el "vicio de tipicodad", alegando que se realizó una "calificación forzada" de sus dichos, ya que informar sobre el retiro de proyectos sociales del Estadi en el territorio es un "dato objetivo de la realidad" y no una crítica institucional.
También se argumenta que la sanción viola la libertad de expresión, afectando tanto la dimensión individual de Tuana como la dimensión social, al privar al debate público de una voz técnica calificada.
Además, la defensa considera que existe falta de proporcionalidad en la sanción, entendiendo que es "punitivamente insostenible" privar a una funcionaria de su salario durante un tercio del año por una opinión técnica aislada. En tal sentido, se califica la medida de "confiscatoria".
Por otro lado, se advierte que este tipo de castigos genera un chilling effect o efecto inhibitorio sobre el resto del personal técnico del Estado, ya que este tipo de medidas desincentiva la participación de voces calificadas en el debate público, al generar un temor fundado a posibles represalias por emitir opiniones profesionales.
En síntesis, a demanda solicita la suspensión inmediata de la ejecución de la sanción mientras se tramita el proceso, argumentando que el daño patrimonial y reputacional para Tuana es actual y de difícil reparación.
