En esa línea, Fernández también reclamó a los jueces de Jujuy "que dejen de lado teorías y doctrinas" difundidas durante el gobierno que lo precedió y "que contradicen la esencia del Estado de derecho".
Tras recalcar que su visita responde a motivos humanitarios y que respeta el Estado de derecho, el gobernante consideró que "prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos".
"No estoy pidiendo por su inocencia sino el juzgamiento respetando las leyes argentinas, y que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", enfatizó.
Internada
Milagro Sala fue ingresada en el sanatorio privado "Los Lapachos", en la capital provincial, San Salvador de Jujuy, por un cuadro de trombosis venosa profunda que fue descubierta a raíz de un dolor que sentía en su rodilla izquierda.
La activista social, líder de la asociación barrial Tupac Amaru, fue detenida el 16 de enero de 2016, apenas asumido el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
En aquel momento, Sala fue acusada de instigación al tumulto por un escrache que realizó en 2009 al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien por entonces era senador.
Sala, que llegó a ser elegida en 2015 para ocupar un escaño en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) por la alianza kirchnerista Frente de la Victoria, enfrenta más de una docena de causas.
Medidas alternativas
En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas cautelares a su favor a fin de que el Estado argentino adoptara medidas alternativas a la prisión preventiva para garantizar su integridad y salud.
La dirigente pasó a tener arresto domiciliario desde diciembre de 2018, después de que la Corte Suprema insistiera en conceder las medidas cautelares recomendadas por la Corte IDH.
En enero de 2020, el Supremo Tribunal de Jujuy (STJ) ratificó una condena de 13 años de prisión en contra de la activista al considerarla "jefa de una asociación ilícita" que cometió extorsión y fraude en perjuicio de la administración pública en el marco de la causa "Pibes Villeros", que tenía 30 imputados.
Sala también recibió una condena de cuatro años de reclusión en la causa conocida como "Luca Arias", por lesiones graves contra un dirigente social jujeño en 2006.
Su única condena firme llegó en febrero de 2021, cuando la Corte Suprema ratificó la pena de dos años de prisión contra la dirigente social por amenazar a un grupo de policías en octubre de 2014.
Hasta el momento, Sala fue sometida a seis juicios orales y públicos, de acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Además otros dos expedientes se encuentran en etapa de investigación y otros cuatro casos fueron elevadas a juicio.
(Vía Sputnik)
