El gobierno nacional presentó el 16 de marzo una denuncia penal contra el directorio de Edesur por concepto de malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona.
Asimismo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) analiza la posibilidad de quitarle la concesión a la empresa, subsidiaria de la multinacional italiana Enel, indicó el medio argentino Página 12. La concesión, vigente hasta el 2087, fue otorgada a inicios de la década de 1990, tras la ola privatizadora de agencias del Estado, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Edesur abastece de electricidad a la mitad de AMBA, con 2,5 millones de usuarios. Las denuncias por reiteradas falencias en la prestación del servicio son constantes. "A pesar de los aumentos de tarifas del 3.000% durante el Gobierno de Mauricio Macri [2015-2019], no llevaron a cabo las inversiones necesarias para que se deje de cortar la luz", acusó el medio argentino.
El ENRE dispuso una auditoría a la empresa Edesur, con el objetivo de mantener la discusión parlamentaria correspondiente para retirarle la concesión. También se plantea la posibilidad de que la empresa de distribución eléctrica vuelva al control del Estado, como proponen usuarios y consumidores organizados.
Osvaldo Bassano, director de la Asociación Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) afirmó que la Edesur "se tiene que estatizar", ya que no habría forma de que la empresa lleve adelante la inversión necesaria para evitar los reiterados apagones.
La vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, indicó que esta situación se da en medio de reclamos de sectores políticos que piden "que el Estado no se haga cargo de ningún servicio, de ninguna prestación, y que deje todo en manos de los privados, pero en algunos casos vemos cuáles son las consecuencias de cómo se llevaron adelante las privatizaciones en manos del neoliberalismo".
(Vía Sputnik)
