Tanto Alberto Fernández, como el boliviano de Luis Arce, el colombiano de Gustavo Petro y el mexicano de Andrés Manuel López Obrador sostuvieron que Castillo, desde el día en que fue electo, "fue víctima de un antidemocrático hostigamiento".
Esta situación vulnera el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como "Pacto de Costa Rica", que fue aprobada el 22 de noviembre de 1969, observaron los cuatro países.
En consonancia, estas naciones reclamaron a las autoridades peruanas que sean respetados "a cabalidad" los derechos humanos de Castillo, que se encuentra detenido por el presunto delito de rebelión, "y que se le garantice la protección judicial", según sostiene el art. 25 del "Pacto de Costa Rica".
El respeto a la voluntad ciudadana "es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", remarcaron en el texto.
Al comenzar la crisis institucional en Perú, el gobierno de Alberto Fernández exhortó a que en Perú se respetase el orden constitucional y las instituciones democráticas según las normas recogidas en la carta magna, "en un contexto que tiene que ser conducido por los peruanos mismos", explicaron a la Agencia Sputnik desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mientras tanto al menos cinco personas fueron asesinadas en las manifestaciones desatadas en varias regiones de Perú tras la destitución del expresidente peruano, tras su intento fallido de cerrar el Congreso.
Los manifestantes expresan su disconformidad con la toma de mando de la actual presidenta, Dina Boluarte, que era vicepresidenta en el Gobierno de Castillo.
(Vía Sputnik)
