El repudio se hizo evidente en las calles, donde cientos de personas manifestaron su desacuerdo con el acto de Villarruel. Se corearon consignas como "Nunca Más" y "Son 30.000", recordando las víctimas de la dictadura. También se denunció la falta de reconocimiento por parte del Estado a las víctimas del terrorismo de izquierda de los años setenta.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Victoria Montenegro, advirtió sobre el peligro que representa que Victoria Villarruel, en un espacio de ultraderecha, pueda llegar a ser vicepresidenta de la nación. Montenegro, cuyos padres fueron secuestrados por la dictadura, enfatizó la importancia de la respuesta política organizativa para enfrentar el negacionismo representado por Villarruel.
El acto de Villarruel ha generado un fuerte contraste en la sociedad argentina, ya que cuestiona la política de derechos humanos construida en las últimas cuatro décadas. Argentina ha sido reconocida por impulsar políticas de memoria ejemplares en el mundo y ha condenado a más de mil personas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la candidata de ultraderecha argumenta que lucha por los derechos humanos de quienes no los tienen.
El acto y su repudio también se producen en un momento en el que las Fuerzas Armadas, en gran medida marginadas de la política argentina, han ganado popularidad en la sociedad, mientras que la Justicia, el Congreso y los partidos políticos tienen niveles bajos de confianza pública. Villarruel ha prometido aumentar el presupuesto militar y ha obtenido un tercio de los votos en las elecciones primarias de agosto, lo que preocupa a los organismos de derechos humanos ante la posibilidad de que llegue al poder.
