El domingo, el gobierno declaró el estado de emergencia para los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, todos ubicados en la zona sur, y donde se registraron las primeras protestas violentas.
En Perú, el estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
Asimismo, implica que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, aunque con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Desde el miércoles
El miércoles 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso argumentando que "el Legislativo ha realizado más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial", y el establecimiento de un "gobierno de excepción", y establecer un "gobierno de excepción".
Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, en una sesión que ya estaba prevista días antes.
Posteriormente, y por sucesión constitucional, el parlamento nombró como nueva jefa de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Desde el sábado, diversas manifestaciones ciudadanas, en la que participan organizaciones civiles de toda índole, se han sucedido en diversos departamentos del país.
Los ciudadanos exigen el cierre del parlamento, la salida de la presidenta Dina Boluarte y el inmediato adelanto de comicios generales para que se elija a un nuevo jefe de Estado y a un nuevo Congreso.
También hay manifestantes, pero en menor medida, que piden la liberación del expresidente Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
(Vía Sputnik)