El paisaje de las principales ciudades de Brasil se modificó a partir de 2019 con el cese de las políticas públicas de vivienda para la baja renta decidida por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, lo cual sumado a la pandemia llevó a familias a vivir en carpas improvisadas debajo de viaductos o en las veredas de las grandes ciudades.
Según el organismo oficial, el aumento de personas en las calles es superior en proporción a la de la población en general.
Entre 2012 y 2022, el crecimiento de la población fue del 11 por ciento, mientras que el segmento de las personas en situación de calle avanzó 211%.
La región sudeste, que concentra a las grandes ciudades de San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, tiene más de la mitad de la población en situación de calle de Brasil, unas 151.000 personas.
En tanto, en el norte amazónico, donde viven más de 25 millones de habitantes, la población en situación de calle pasó en cuatro años de 8.000 a 18.000 personas, según el estudio de Ipea divulgado por los medios públicos.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió relanzar el programa MI Casa Mi Vida que había sido ejecutado desde 2009, sobre todo con financiación para familias con ingresos hasta 400 dólares.
La gestión de Bolsonaro le cambió el nombre al programa, que fue uno de los logros sociales de los gobiernos anteriores de Lula y de Dilma Rousseff (2011-2016), y le puso Casa Verde Amarilla, aunque fue destinada a las personas con ingresos cercanos a los 1000 dólares mensuales.
Según el Gobierno, existe en Brasil un déficit de 5,8 millones de viviendas.