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Con 10.288 firmantes, la iniciativa “Toda Vida Cuenta”, elaborada por la agrupación Siempre por la Vida (antiaborto y antieutanasia), reunió los apoyos necesarios para ser debatida por el Consejo Constitucional de Chile.
“Toda Vida Cuenta” se consagró como la décima Iniciativa Popular de Norma (IPN) más votada con 10.328 firmas de apoyo. La propuesta, levantada desde las agrupaciones Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia, busca que se consagre el siguiente artículo: “La Constitución asegura a todas las personas: 1. El derecho a la vida. La dignidad y vida de todo ser humano es inviolable desde que principia su existencia hasta su muerte natural. Son personas todos los individuos de la especie humana. La Constitución protege y respeta irrestrictamente la vida del niño que está por nacer. La madre, durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección, como una obligación del Estado y un deber de la sociedad. Se prohíbe la pena de muerte”. Es decir, se opone al aborto y la eutanasia.
Esta es la única de las IPN vinculadas a las demandas de los sectores más conservadores y los llamados “temas valóricos” que hasta ahora reunió el mínimo de apoyos para ser debatida. La propuesta “Familia e Infancia”, por ejemplo, conseguía hasta este jueves solo 2.718 firmas. En este caso, se trata de una iniciativa en favor de la “protección” de la familia, así como de la idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
En tanto, las propuestas sobre el derecho a la sala cuna y al cuidado están a la espera de reunir los 10 mil firmantes para ser debatidas: “Educación y Cuidado desde la Cuna” reunía hasta el cierre de esta edición 8.381 apoyos y “Me cuidaron, cuido y me cuidarán: derecho constitucional a los cuidados” contaba con 6.951.
Muy por detrás se encuentran las IPN consideradas parte de las demandas que constituyen la “agenda de género”. Hasta el momento, ninguna había alcanzado las firmas mínimas necesarias para ser debatidas: “Derechos Sexuales y Reproductivos” es la que sumaba mayor cantidad de apoyos y tiene 4.154 votos, en tanto que “Nada sin nosotras” tenía 3.125.
El Consejo Constitucional es el órgano constituyente de la República de Chile, encargado de discutir y aprobar una nueva propuesta de Constitución Política de la República como parte del proceso constituyente iniciado con el plebiscito realizado en octubre de 2020 y que continuó con la redacción de una propuesta por parte de la Convención Constitucional, la que fue rechazada mediante un referéndum en septiembre de 2022.
Está compuesto por 50 miembros elegidos mediante votación popular, los cuales estarán acompañados por una Comisión Experta de 24 integrantes designados por el Congreso Nacional y que redactarán un anteproyecto, además de un Comité Técnico de Admisibilidad que actuará como árbitro cuando existan requerimientos sobre propuestas de normas que podrían infringir normativas.
Se trata de uno de los pasos cruciales en el segundo intento de Chile, durante el mandato de Gabriel Boric, para cambiar la Constitución.
El Consejo Constitucional se dividirá en cuatro comisiones, cuyo número de integrantes será definido por la reunión de delegados con un mínimo de 12 consejeros constitucionales:
El consejo tiene un plazo de cinco meses para darle forma a una nueva propuesta. En ese periodo tiene la capacidad de, como muestra Lupa Constitucional, “aprobar, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución”.
Para este tipo de cambios es necesario que el organismo alcance un quórum de tres quintos de sus miembros.
La fecha decisiva se dará el 17 de diciembre. Ese día los chilenos están citados, una vez más, a votar un plebiscito en donde decidirán si aceptan o no el nuevo texto constitucional.
Un momento muy esperado por un amplio sector de la sociedad chilena, ya que, de aceptarse, se dejaría en el pasado la Constitución promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
Pero todavía quedan muchas interrogantes. El Consejo Constitucional está dominado por la fuerza que incluso defendía la anterior Carta Magna. Así, queda por ver si la propuesta convence, esta vez, a la ciudadanía. Sobre todo a ese sector que salió a las calles de manera masiva en 2019 y que demandaba a gritos un urgente cambio constitucional.