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Veintidós militares del Ejército colombiano, un funcionario del Estado y dos civiles fueron imputados este lunes en Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad, por los asesinatos de civiles en los casos llamados “falsos positivos ”.
Esta denominación describe la práctica de asesinar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros abatidos en combate, con el objetivo de simular operaciones militares exitosas en el marco de la guerra civil entre grupos guerrilleros y el Estado colombiano.
La información que maneja la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), da cuenta de más de 300 civiles fueron ejecutados por la Brigada XVI del Ejército entre 2005 y 2008, en los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá.
Los “falsos positivos” de la Brigada XVI suponen casi dos tercios de las personas que fueron reportadas como abatidas por esa unidad militar entre esos años.
La JEP reportó además que solo en Casanare los militares usaron al menos 140 millones de pesos colombianos (más de 31 mil dólares) de los fondos públicos para financiar sus actos criminales.
En cuanto a las víctimas, se sabe que la mayoría eran hombres jóvenes, de entre 18 y 25 años, aunque también hay casos de mujeres, algunas de las cuales incluso estaban embarazadas.
El juez Óscar Parra, que maneja la causa, expresó en rueda de prensa que los 22 acusados “llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala, que tenían la intención de asesinar a personas indefensas que era presentadas como bajas en combate”.
Además, aseguró que estas matanzas no eran “hechos aislados cometidos de manera espontánea”.