Confirmación lamentable: diputados hicieron otra visita "institucional" a genocidas presos

La negativa del ministerio a aclarar si la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, participó en estas visitas solo alimenta las sospechas sobre su cercanía a estos detenidos, en su mayoría militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). Villarruel ha afirmado que estas visitas forman parte de su "trabajo de campo" para un libro, lo que resulta inquietante.

Rupturas y arrepentimientos en LLA

El escándalo ha provocado un cisma interno en La Libertad Avanza. La diputada Lourdes Arrieta, quien se mostró arrepentida por participar en la visita del 11 de julio a genocidas en Ezeiza, decidió renunciar a su banca antes de ser expulsada. Arrieta reveló mensajes de WhatsApp que muestran una serie de conversaciones donde los legisladores planeaban cómo mejorar las condiciones de alojamiento de los detenidos.

En uno de estos mensajes, el diputado Beltrán Benedit menciona la organización de una visita para el 15 de marzo con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien facilitaría el acceso a los penales. Sin embargo, no se realizaron informes formales sobre las condiciones de las celdas ni observaciones ante las autoridades pertinentes, lo que presupone que el verdadero propósito no era una "inspección", sino un contacto directo y cercano con los detenidos.

Este tipo de acciones establecen un precedente peligroso para la política argentina, donde se normalizan las relaciones con figuras condenadas por delitos que jamás deberían ser olvidados. En un panorama en el que el país aún enfrenta los desafíos de construir una democracia sólida sobre las cicatrices de la dictadura, las visitas a genocidas constituyen una afrenta a las víctimas y sus familias y un atentado a los valores fundamentales del Estado de derecho.