Según la denuncia, los siete oficiales "se unieron de forma subjetiva a los manifestantes y se omitieron en los deberes de protección y vigilancia" previstos en la Constitución.
Están acusados de delitos tan graves como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño cualificado por violencia y grave amenaza y deterioro de patrimonio protegido.
La investigación señala que los detenidos sabían cuáles eran las intenciones de la turba acampada frente a la sede del cuartel general del Ejército en Brasilia, el grupo que realizó las invasiones.
La Fiscalía desmontó la tesis de que hubo un "apagón de información" y que la invasión tomó por sorpresa a los uniformados, pues la pesquisa mostró que la policía tenía "abundantes informaciones", tanto procedente de grupos de comunicación como de agentes infiltrados en el campamento.
"Había una alineación ideológica y de propósitos entre los denunciados y los que pedían la intervención de las Fuerzas Armadas", dice la Fiscalía.
Prácticamente todos los manifestantes de extrema derecha que participaron en el asalto ya han sido formalmente acusados.
Más de mil personas se sentarán en el banquillo en una fecha aún no definida, mientras que una minoría sigue en prisión de forma preventiva.
(Sputnik)