“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
Campos recalcó que el Poder Ejecutivo ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejaron las jornadas de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
“El Ejecutivo ha exhortado que cada institución haga su tarea para que se establezca quién se está demorando o quién no lo está haciendo. La investigación se debe desarrollar con objetividad y en el marco de las competencias de cada poder”, aseveró.
Si bien insistió en la inocencia de su clienta, el letrado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte Zegarra a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano.
Boluarte y varios de sus exministros son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, referidos a 18 de las 59 muertes de civiles en las operaciones policiales y militares registradas durante protestas en su contra.
Según la Defensoría del Pueblo, en esas protestas murieron además 11 civiles en accidentes de tránsito y otras circunstancias durante bloqueos de carreteras, así como un policía linchado y seis soldados ahogados en el contexto del conflicto.
Fuente: Con información de RPP Noticias